LA HABANA, Cuba, 17 de enero (EFE/AP).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó hoy al secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, de haber lanzado una “provocación” al pretender activar un título de la polémica ley Helms-Burton que permitiría a estadounidenses reclamar propiedades confiscadas tras la Revolución.
Rechazamos enérgicamente esta nueva provocación injerencista, amenazadora, prepotente, violatoria del derecho internacional”, tuiteó Díaz-Canel desde su cuenta oficial un día después del anuncio de Pompeo, también replicado por el Ministerio de Exteriores de Cuba y su canciller, Bruno Rodríguez Parrilla.
Esta disposición legal especifica que los estadounidenses -entre ellos cubanos nacionalizados- pueden demandar ante la Justicia de EE.UU. a las compañías de cualquier país que se beneficien de las propiedades que fueron nacionalizadas por el Gobierno cubano tras la llegada al poder de Fidel Castro hace seis décadas.
“No permitiremos el chantaje político, tenemos razones y verdades suficientes y legítimas para enfrentar tanta hostilidad y desprecio. Con nuestras convicciones #60YMás #SomosCuba #SomosContinuidad”, añadió en un segundo tuit Díaz-Canel, que en abril de 2018 reemplazó a Raúl Castro como dirigente del Estado caribeño.
Según La Habana, este nuevo movimiento del Gobierno estadounidense “constata la pretensión de usurpar a los cubanos la riqueza del país”.
Un día antes
Un día antes de cumplirse el plazo para notificar al Congreso su decisión al respecto, Pompeo anunció que mantendrá la suspensión solo durante 45 días -en vez del periodo usual de 6 meses- para revisar el título III teniendo en cuenta los “intereses nacionales” de EE.UU. y el comportamiento del Gobierno cubano.
El secretario de Estado de EE.UU. adelantó que, para decidir si recuperar o no el título III, tendrá en cuenta los “esfuerzos” de su país “para acelerar la transición a la democracia en Cuba” y valorará “factores como la brutal opresión del régimen cubano a los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
También examinará el “apoyo indefendible” que, a su juicio, Cuba ofrece a “los regímenes cada vez más autoritarios y corruptos en Venezuela y Nicaragua”.
Respuesta de Cancillería
(Pelayo Terry Cuervo,
especial para Por Esto!)
A escasas horas de que el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, fijara en la red social Twitter la posición de su gobierno sobre la amenaza de activación del Título III de la Ley Helms-Burton, las autoridades del archipiélago emitieron una Declaración Oficial de rechazo ante esta nueva agresión del gobierno de Estados Unidos.
En un comunicado publicado en el sitio web de la Cancillería local este jueves, Cuba rechazó esa amenaza del modo más enérgico, firme y categórico. “La asume como un acto hostil de extrema arrogancia e irresponsabilidad, a la vez que repudia el lenguaje irrespetuoso y calumnioso del mensaje público del Departamento de Estado”, señala la nota.
La Declaración advierte ante la opinión pública que con esta medida, “el gobierno del Presidente Donald Trump amenaza con dar un nuevo paso que reforzaría, de manera peligrosa, el bloqueo contra Cuba, violaría flagrantemente el Derecho Internacional y atacaría directamente la soberanía y los intereses de terceros países”.
Luego de hacer un recuento sobre la entrada en vigor en 1996 de Ley Helms-Burton y explicar las características de la norma y sus capítulos, el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano manifiesta que ha sido rechazada por la comunidad internacional casi unánimemente en las Naciones Unidas, en organismos internacionales especializados y en organizaciones regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Africana, a lo que se agrega que varios países cuentan con leyes nacionales para enfrentar los efectos extraterritoriales de esta ley.
Entre los objetivos centrales de la ley Helms-Burton ha estado entorpecer las relaciones económicas, comerciales y financieras de Cuba con terceros países y afectar su capacidad de atraer inversión directa de capital extranjero para su desarrollo. A ese propósito se dedican expresamente los títulos III y IV de la ley, recuerda la Declaración del Minrex.
“En virtud de lo dispuesto en la propia Ley Helms-Burton, todos los Presidentes estadounidenses desde 1996, incluido Trump en 2017 y 2018, han hecho uso consecutivamente de la facultad ejecutiva de suspender la aplicación del Título III cada seis meses con motivo de reconocer que consiste en el aspecto más burdo e inaceptable de ésta contra el Derecho Internacional y la soberanía de otros Estados. También por comprender que su aplicación provocaría obstáculos insuperables para cualquier perspectiva de solución de las reclamaciones y compensaciones a los propietarios estadounidenses legítimos”, añade el texto.
Según las autoridades antillanas, la decisión que el gobierno de los Estados Unidos amenaza con adoptar, “implicaría que, contrario a lo que establece el Derecho Internacional y la práctica de las relaciones internacionales, individuos y entidades extranjeras con negocios legítimos en Cuba, puedan verse ante la amenaza de afrontar reclamaciones infundadas y carentes de legitimidad ante tribunales de los Estados Unidos” y recuerdan que es conocida la conducta políticamente motivada y venal de algunas cortes de La Florida, frecuentemente utilizadas como un arma contra Cuba”, haciendo alusión a lo amañado del juicio contra Los Cinco cubanos que estuvieron encarcelados en ese país por su lucha contra el terrorismo.
A la vez, la Declaración recuerda que el 2 de noviembre de 1999 el Tribunal Popular Provincial de La Habana declaró Con Lugar la Demanda contra el Gobierno de los Estados Unidos por Daños Humanos y lo sancionó a reparar e indemnizar al pueblo cubano en la cuantía de $181,100 millones de dólares y, el 5 de mayo de 2000, también por Daños Económicos ocasionados a Cuba y lo sentenció por valor de $121,000 millones de dólares.