Alfredo García
Israel es el espejo de Estados Unidos. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, enfrenta una versión israelí del “impeachment” o juicio político, ganando el triste mérito de ser el primer jefe de Estado en el cargo acusado por delitos en la historia de Israel.
El pasado jueves el fiscal general israelí, Avichai Mandelblit, acusó a Netanyahu por graves delitos en tres casos de corrupción investigados desde 2015. “No hay lugar para el soborno y el fraude en la vida pública”, declaró el fiscal general al anunciar la acusación de Netanyahu. “Es un día triste para el país y para mí en particular, pero también es un día importante para un Estado democrático”, enfatizó el veterano jurista.
Más de 140 testigos, entre ellos ministros y altos funcionarios, fueron interrogados durante los últimos 4 años en un sumario de más de 800 páginas, redactado por un grupo de fiscales. Con la acusación del fiscal general, culmina la expectativa creada al final de las vistas sostenidas durante 4 días en el Ministerio de Justicia, iniciadas el pasado 8 de octubre, donde los abogados de Netanyahu trataron infructuosamente de convencer al fiscal general de retirar los cargos contra el primer ministro.
Desde el pasado diciembre la policía israelí comprobó en el Caso 1000, que Netanyahu y sus familiares recibieron entre 2007 y 2016, lujosos regalos evaluados en 1 millón de Shequels (moneda israelí que equivale a 5,60 pesos mexicanos) a cambio de beneficios fiscales. Los agentes también encontraron evidencias en el caso 2000 de conexiones de Netanyahu con Arnon Moses, editor del periódico de mayor circulación en Israel, para brindar una cobertura favorable a sus intereses, compensado con medidas legales para favorecer la distribución del diario. En la investigación del Caso 4000, considerado el de mayor gravedad, fueron encontrados favores gubernamentales por espacio de 3 años, concedidos por Netanyahu al grupo de telecomunicaciones Bezeq, que reportó al emporio de transmisión un beneficio fiscal de casi 300 millones de dólares.
El inicio del proceso judicial se realiza en medio de una crisis política sin precedentes, después de dos elecciones generales el pasado abril y septiembre, donde el ultraderechista Netanyahu, candidato de Likud, y el centrista Benny Gantz, candidato de Azul y Blanco, obtuvieron el mayor número de votos pero sin alcanzar mayoría absoluta, por lo que iniciaron negociaciones en el Parlamento para formar una coalición de gobierno, gestión en que ambos líderes fracasaron, lo que obliga al país a una tercera elección general.
Para Netanyahu al igual que Trump, la investigación ha sido una “cacería de brujas”, impulsada por la izquierda israelí desde la policía y la prensa. “Lo que ha ocurrido aquí ha sido una tentativa de golpe de Estado contra el primer ministro”, declaró Netanyahu. “Hay que investigar a los investigadores” (…) “No pienso dimitir y seguiré al frente de los destinos de este país”, aseguró en un programa televisado.
Como en el caso de Trump, el juicio político de Netanyahu no será un proceso rápido ni fácil. Sin embargo a diferencia de Trump, que impulsa su reelección en 2020 con mayoría de escaños en el Senado, su ocaso político ya se considera irreversible. Por el momento, como primer ministro, cuenta con inmunidad frente a las acusaciones y en caso de su salida del gobierno puede escudarse en las prerrogativas que le brinda el Parlamento. Según especialistas, el proceso judicial podría durar años, excepto que negocie un acuerdo judicial para retirarse de la política y cerrar los casos con sanciones leves.
En Israel existen precedentes sobre la independencia de la policía y la justicia, respecto al Poder Ejecutivo. En 2010 fue sentenciado a 5 años de prisión el ex presidente, Moshe Katsav, por violación y agresiones sexuales. En 2016 el ex primer ministro, Edhud Olmert, fue encarcelado por 14 meses, declarado culpable de corrupción inmobiliaria.