BOGOTA, Colombia, 28 de noviembre (EFE).- El estudiante colombiano Dilan Cruz, de 18 años, murió por el disparo de una escopeta calibre 12 cuya munición era una bolsa con “múltiples perdigones de plomo”, señala el informe forense divulgado este jueves que consideró el caso como “homicidio” violento.
“Los hallazgos de necropsia permiten afirmar que la muerte del joven es secundaria al trauma craneoencefálico penetrante ocasionado por munición de impacto disparado por arma de fuego, lo cual ocasiona severos e irreversibles daños a nivel de encéfalo”, detalló la directora del Instituto de Medicina Legal, Claudia García, en una declaración a la prensa.
Cruz se convirtió el lunes pasado en la primera víctima mortal de la violencia policial en las protestas contra el Gobierno colombiano, dos días después de caer herido en la cabeza por un disparo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de esa institución, durante una manifestación pacífica en el centro de Bogotá.
La funcionaria explicó que los elementos que estudió el equipo de Medicina Legal, conformado por especialistas forenses, hacen parte de “un cartucho de carga múltiple, munición de impacto” del tipo “Bean Bag”, una bolsa de perdigones de plomo.
“Los informes de necropsia y balística serán entregados a la Fiscalía General de la Nación el día de hoy”, añadió.
El director de la Policía colombiana, general Óscar Atehortúa, informó ayer que el caso de Cruz está en manos de la Procuraduría (Ministerio Público), que aplicó “el poder preferente” para ocuparse de la investigación.
Al respecto, el procurador general de la nación, Fernando Carrillo, dijo a periodistas antes de que se conociera el dictamen forense que el Ministerio Público está verificando si “los estándares internacionales y esos protocolos de uso de esas armas se cumplieron en el caso de la tragedia de Dilan Cruz”.
El funcionario señaló que este caso debe ser “irrepetible” y puso como ejemplo a Chile, donde la crisis social ha dejado ya al menos 23 muertos, de los que seis fueron producto, presuntamente, de la acción de agentes del Estado a los que organismos internacionales acusan de haber cometido violaciones de derechos humanos para contener las protestas.
La acción represora observada por organismos como Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional (AI) contempla abusos a los detenidos, torturas y la comisión de graves lesiones por el empleo de escopetas de perdigones y balines de goma, que entre otras cosas han provocado lesiones oculares a más de 230 personas.
“Colombia no puede permitir que se den los escenarios que se están presentando en Chile tras 41 días del inicio de las protestas sociales”, manifestó Carrillo.
Cruz fue ingresado el sábado por la tarde en el Hospital San Ignacio, en el barrio de Chapinero, luego de ser herido por la Policía.
Desde ese día, miles de participantes en las manifestaciones contra la política económica y social del presidente colombiano, Iván Duque, se congregaron frente al hospital como homenaje al joven estudiante, convertido en símbolo del rechazo a la violencia policial.
Condenado a 20 años de prisión a militar
Un juzgado de Colombia condenó a 20 años de prisión al cabo del Ejército Daniel Eduardo Gómez Robledo por asesinar al desmovilizado de las FARC Dimar Torres Arévalo en la convulsa región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, informó este jueves la Fiscalía.
“El cabo Gómez Robledo aceptó vía preacuerdo su responsabilidad por el delito de homicidio en persona protegida, por el cual pagará una pena de 240 meses de prisión (20 años) sin ningún beneficio penal”, detalló la Fiscalía en un comunicado.
El asesinato de Torres, desmovilizado de las FARC tras la firma del acuerdo de paz, ocurrió el pasado 22 de abril en la aldea de Campo Alegre, perteneciente al municipio de Convención, y en un comienzo fue presentado por el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, como consecuencia de un forcejeo con el cabo Gómez.