El discípulo bienamado del ex presidente Uribe, ministro de defensa durante su gobierno y para quien reservaba la silla presidencial como su sucesor, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de peculado. Habiendo huido antes de su condena a Estados Unidos en donde gestionó el asilo político con el apoyo de su mentor y luego de buscar con ese mismo apoyo burlar la petición de extradición a Colombia, fue por fin extraditado y se ha convertido en el mejor exponente de la inequidad de este gobierno.
Una vez extraditado al país no vimos su llegada, que se tramitó subrepticiamente ocultándolo de la prensa y luego era un misterio el sitio de su reclusión. El Inpec (instituto penitenciario) negaba la información, luego dijo que estaba en la cárcel la Picota pero la prensa pudo descubrir que estaba en una guarnición militar con todo el confort que ningún otro preso en el país disfruta.
En nuestras cárceles, con hacinamiento hasta del 300%, se violan todos los derechos fundamentales de los reclusos que deben pagar a las mafias que las controlan hasta por el más mínimo servicio, tal como el derecho a dormir en los peldaños de las escaleras.
Pero para el ex ministro Andrés Felipe Arias esos problemas no existen: tiene un séquito de soldados a su servicio, pendientes hasta de sus antojos, alojado en una cómoda casa fiscal rodeada de bien cuidados prados y con caballos dispuestos para sus horas de cabalgata que además le servirán para descontar de su condena.
El secretismo de su llegada contrasta con el trato que han recibido todos los extraditados sin excepción: todavía recordamos el caso del ex comandante de las Farc Simón Trinidad gritando viva la revolución mientras lo conducían esposado de pies y manos. Aún paga su condena en una cárcel de Estados Unidos sin ver el sol y sin que el gobierno colombiano haya hecho ni el más mínimo intento para traerlo al país pese a que su organización, las Farc, firmó un acuerdo de paz que ha cumplido a cabalidad.
Igual ocurrió con la ex guerrillera Sonia, conducida hacia su extradición en condiciones semejantes.
Por los días en que llegó tan subrepticiamente al país Uribito (se imaginarán por qué es conocido con ese remoquete) llegó también el director de una pirámide que estafó a cientos de colombianos, caso en que resultaban implicados los hijos del ex presidente Uribe pero en el cual el único condenado, además del jefe, fue el ex senador indígena Rojas Birri. A ese jefe lo vimos llegar esposado de pies y manos y rodeado de un cuerpo de vigilancia que casi le impedía caminar.
Y así, todos los que se fueron o llegaron extraditados, menos Arias. El gobierno, siguiendo el libreto de Uribe, dice que no es un delincuente, que no se robó un peso. Veamos lo que ha hecho este dechado de honradez:
Siendo ministro gestionó, de los fondos destinados a beneficiar a los campesinos medios y pobres, tres mil millones de pesos de la época para un distrito de riego de la hacienda de Álvaro Uribe, así como la compra de cien hectáreas de baldíos para extender su propiedad según informó Noticias Uno basado en un informe de la Contraloría General. Para agravar el hecho, el decreto que autorizó esa asignación fue firmado por el mismo beneficiario, el entonces presidente de la República.
Está probado judicialmente cómo, Arias destinó la mayor parte de esos fondos para pagar favores de hacendados que habían financiado la campaña de su jefe Uribe y la suya propia cuando buscaba la candidatura presidencial dentro de su partido.
Ha sido denunciado porque recibía un sueldo de Odebrecht, la mayor impulsora de la corrupción en el país por lo cual podrían ser investigados penalmente el ex fiscal Néstor Humberto Martínez y varios de los más destacados funcionarios del gobierno de la Seguridad Democrática que sólo significó lo que ofrece su nombre para sus aliados. Para los demás estaban los falsos positivos y el espionaje ilegal.
Ahora cobra vigencia nuevamente el caso porque el gobierno, apoyado por ese partido, ha radicado un proyecto de ley destinado específicamente a favorecerlo. Arias fue condenado a 17 años por la Corte Suprema de Justicia cuando en ese tribunal no existía segunda instancia, porque se consideraba entonces que quienes se sometían a ella contaban con recursos de ley además del recurso de casación con el cual se cierra en el más alto nivel la justicia ordinaria en materia penal.
Bajo esa normativa fueron juzgados y condenados los parapolíticos aliados del entonces presidente y los altos funcionarios de su gobierno a quienes se les comprobó el espionaje ilegal a esa misma alta corte cuando adelantaba esas investigaciones y la entrega de prebendas para comprar la reelección de Uribe.
En 2018, con una interpretación garantista del derecho se creó la segunda instancia en la Corte pero sin efecto retroactivo. Ahora el gobierno, siempre bajo la batuta de su presidente eterno, busca con este proyecto, bautizado como ley Arias, un nuevo juzgamiento para su protegido pensando que lograrán su absolución. Su aprobación implicaría que todos los parapolíticos saldrían en libertad. ¿Legislar en causa propia? ¿Posponer el estudio de proyectos sobre el fracking, la reforma pensional, el destino del ESMAD (fuerza antimotines), las denuncias por violaciones a derechos fundamentales de los marchantes, los nuevos falsos positivos, para beneficiar a los paramilitares del Centro Democrático y al ex ministro Arias? Ya están comprando los apoyos y no es novedad: Uribe ya nos tiene acostumbrados pero esperamos que en este momento de pérdida de su credibilidad y de la del gobierno el congreso se haga sentir con un destello de dignidad.