Zheger Hay Harb
La nota colombiana
Este largo conflicto armado que aún no cesa pese a la desmovilización de la guerrilla más grande y antigua del país, nos trae este año varias conmemoraciones que dejan un sabor agridulce.
Una muy importante a la que no me referiré aquí porque será objeto de mi próxima columna, es el nacimiento del movimiento M19 el 19 de abril de 1970 con el detonante del robo de las elecciones presidenciales mediante el cual fue elegido Misael Pastrana Borrero. Me referiré a otros hechos relevantes que se conmemoran en el presente año.
La masacre de Trujillo: con ese nombre se conoció hace 29 años una masacre sostenida perpetrada entre 1988 y 1994 en el pueblo de ese nombre en el departamento del Valle del Cauca por narcotraficantes aliados con miembros del Estado. Fue una cadena de crímenes, asesinatos y desapariciones forzadas, entre los cuales sobresalió por su importancia y crueldad la tortura y muerte del sacerdote Tiberio Fernández, cuyo cuerpo desmembrado fue encontrado aguas abajo del río Cauca y luego asesinaron al campesino que rescató el cadáver. Antes de asesinarlo el padre fue obligado a presenciar la tortura y asesinato de las personas que lo acompañaban y la violación de su sobrina.
El padre Tiberio era un organizador comunitario y su muerte significó la desarticulación de los proyectos colectivos que él había promovido gestionando recursos nacionales e internacionales. En total hubo 342 asesinatos y se produjo el desplazamiento de miles de habitantes de la región por esa arremetida que no fue contrainsurgente sino una alianza criminal. Por la participación de agentes estatales en los hechos el presidente Ernesto Samper pidió perdón en el año 1995, acatando un pedido de la Comisión Americana de Derechos Humanos, ordenó erigir un monumento conmemorativo como elemento ejemplarizante pero hasta el momento no hay condenados por los hechos y la reparación prometida no se ha hecho realidad. Es decir, el perdón del Estado quedó en apenas un acto protocolario.
Acuerdo de paz con la Corriente de Renovación Socialista: en abril de 1994 unos 900 militantes de ese grupo escindido del Ejército de Liberación Nacional –ELN- se desmovilizaron mediante la firma de un acuerdo de paz en Flor del Monte, un pequeño caserío en la región caribe colombiana. Monseñor Nel Beltrán y la comunidad internacional representada por el embajador de los Países Bajos actuaron como garantes. Esta guerrilla se mantuvo firme en su propósito de paz a pesar de que dos de sus máximos dirigentes fueron asesinados cuando se encontraban desarrollando labores para la desmovilización, tal como antes el M19 mantuvo su decisión de paz a pesar del asesinato de su máximo comandante, Carlos Pizarro, cuando adelantaba su campaña presidencial luego de haber firmado la paz y el atentado en el que perdió una pierna Antonio Navarro, otro de sus comandantes.
Como los demás grupos guerrilleros que se habían desmovilizado pudieron elegir dos representantes al Congreso, así como diputados departamentales y concejales municipales acogiéndose al artículo transitorio de la Constitución que permitía hacerlo por una única vez en las elecciones de 1994. Todos sus integrantes, incluidos quienes se encontraban en las cárceles, fueron amnistiados, cesados sus procedimientos penales o indultados según el caso. El Estado mediante su organismo para la reinserción financió proyectos productivos con desiguales resultados.
La Corriente creó una fundación (Arco Iris) a la que se deben varios de los más importantes estudios políticos y de coyuntura, la cual sobrevive sin el brillo inicial, pero varios de los antiguos militantes crearon una nueva organización social denominada Paz y Reconciliación especialmente lúcida en sus análisis del conflicto armado y en general de la situación política del país.
Como había ocurrido con otras guerrillas desmovilizadas, especialmente el Ejército Popular de Liberación (EPL) muchos de sus miembros ingresaron a los cuerpos de seguridad del Estado e hicieron parte de los esquemas de protección de sus dirigentes. Sufrieron arremetidas paramilitares que les costaron la vida a 50 de sus militantes pero se han mantenido en su decisión de paz.
Ahora, cuando se pretende desconocer el carácter estatal del acuerdo de paz con las FARC para darle apenas un reconocimiento de proyecto de gobierno, es bueno señalar que los presidentes que asumieron sucesivamente luego de la desmovilización de la Corriente de Renovación Socialista respetaron los pactos firmados por sus antecesores y varios de los ex militantes de esa organización son personajes destacados en el Congreso de la República y en general en la vida pública nacional sin haber tenido que soportar los ataques que ahora vemos para desconocer los derechos de los ex jefes desmovilizados.
Secuestro y asesinato de los diputados del Valle del Cauca. 17 años han pasado desde el secuestro de los once miembros de la Asamblea Departamental del Valle y su asesinato cinco años después en cautiverio por parte de la guerrilla de las FARC. Se ha creado un museo para guardar la memoria de las víctimas de este hecho oscuro en el declive de degradación de esta larga guerra por el cual Iván Márquez y Pablo Catatumbo pidieron perdón en nombre de la antigua organización guerrillera: “murieron en nuestro poder y la responsabilidad es nuestra; humildemente pedimos nos perdonen”, dijo este último en una gira por varias regiones del país a donde acudieron a pedir perdón a sus víctimas en cumplimiento de lo pactado en el acuerdo de paz, una de cuyas bases es la verdad, esto es, el reconocimiento de lo ocurrido, la petición de perdón a las víctimas, su reparación (que incluye la restitución de tierras a los despojados) y la garantía de no repetición. Y desde luego, el compromiso del Estado de garantizar la seguridad y participación política de los desmovilizados, a la cual vemos que cada día el gobierno atraviesa más obstáculos.