WASHINGTON, EE.UU., 6 de abril (Reuters/EFE).- El Gobierno estadounidense tardaría hasta dos años en identificar al grupo adicional de miles de menores que podrían ser separados de sus padres en la frontera sur, de acuerdo a un documento enviado por la administración de Donald Trump a una corte local.
El texto presentado a última hora del viernes ofrece por primera vez detalles sobre el plan de la Casa Blanca para identificar a niños y sus familiares si es que son separados, cuyos nombres serían sometidos a un chequeo de miles de antecedentes usando una combinación de análisis de datos, estadísticas y revisiones manuales.
El mes pasado, un juez federal en San Diego expandió el número de familias de inmigrantes que el Gobierno podría tener que reunir como parte de una demanda colectiva presentada el año pasado por la Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU).
La Oficina de Inspección General del Departamento de Salud y Servicios Humanos estadounidense dijo previamente este año que la agencia había identificado a muchos más menores, que se suman a los 2,737 niños incluidos inicialmente en el recurso.
El juez de distrito Dana Sabraw ya ha ordenado que esos niños sean reunidos con sus padres.
“Los demandados estiman que identificar a todos los posibles niños (separados) (...) tomaría al menos 12 meses, y quizás hasta 24 meses”, dijo el Gobierno en el documento judicial emitido el viernes.
Añadió que aquellos lapsos podrían verse alterados por la eficacia del “modelo predictivo estadístico”, el tiempo que el personal podrá dedicarse a los chequeos manuales y por las reuniones de seguimiento deban realizarse.
En un comunicado divulgado el sábado, el abogado representante de ACLU en el caso, Lee Gelernt, dijo que el grupo se opone con firmeza al plan del Gobierno, al que acusó de no abordar las separaciones con la urgencia que se requiere.
En junio del año pasado, Sabraw emitió un mandato que bloqueó la separación de familias en la frontera entre Estados Unidos y México, y ordenó a la Administración federal a que reúna con sus padres a unos 2,800 menores indocumentados que hasta ese entonces se habían calculado como afectados por la citada política.
Como consecuencia de esa orden, hasta el pasado 25 de marzo, la Administración ha reunido a 2,749 de un total de 2,814 niños que fueron separados de sus progenitores tras llegar a la frontera para solicitar asilo político.
El 6 de abril de 2018, el entonces titular del Departamento de Justicia (DOJ), el fiscal general Jeff Sessions, anunció la puesta en marcha de la política de “tolerancia cero” contra la inmigración ilegal, por el que se separó a familias migrantes, debido al incremento de aprehensiones en la frontera.
Un año después, la medida, que mereció críticas incluso desde el propio Partido Republicano, por el que fue elegido Donald Trump, se halla bloqueada por mandato judicial y la frontera sur registra una crisis sin precedentes, como lo manifestó la pasada semana el comisionado adjunto de CBP, Andrew Meehan.