Una brasileña juez del Tribunal Supremo ha dado el presidente Jair Bolsonaro y su Ministerio de Justicia cinco días para responder a las críticas de que un decreto arma firmado recientemente ha violado la constitución del país.
El presidenciales pueden 7 fin sería conceder a millones de ciudadanos el derecho a llevar armas cargadas en público.
La directiva de la jueza Rosa Weber llegó el viernes después de que un partido político de la oposición presentara una petición ante el tribunal del Tribunal Federal Supremo argumentando que la orden, que entrará en vigencia a principios de junio, fue "un abuso de poder regulatorio".
El partido de la Red de Sostenibilidad dijo que correspondía al Congreso de Brasil legislar sobre la posesión de armas de fuego, de acuerdo con una copia de los documentos de la corte. La petición también dijo que el decreto "contravino el espíritu" de un estatuto de desarme de 2003, que prohíbe a los ciudadanos portar armas en público y establece otras restricciones al uso de armas. Bolsonaro se ha opuesto durante mucho tiempo a ese estatuto, y formó parte del llamado "comité bala" cuando prestó servicios en el Congreso. u orden ejecutiva aflojó las reglas para que los brasileños puedan poseer hasta cuatro armas y permitirían a los recaudadores de impuestos, conductores de autobuses, funcionarios electos, abogados y periodistas, entre otros, llevar armas cargadas en público sin la autorización de la policía federal. El decreto también alivió las restricciones a la importación de armas y aumentó la cantidad de municiones que una persona puede comprar, aumentando el límite anual de compras de 50 a 5,000 cartuchos para armas permitidas y hasta 1,000 cartuchos para uso en armas restringidas.
'Más armas, más muertes'
Bolsonaro , quien llegó al poder en una elección de octubre altamente divisiva en una plataforma de ley y orden que incluía el alivio de las restricciones a las armas, llamó a la orden "otro paso hacia la libertad y los derechos individuales en nuestra nación". En un aparente cambio de táctica el viernes, el ex capitán de ejército de 64 años dijo que si el decreto se consideraba inconstitucional, debería dejar de existir, informó la agencia de noticias The Associated Press . Horas más tarde, sin embargo, le dijo a una multitud en el estado de Paraná, en el sureste del país, que su administración "no se retiraría ante aquellos que desde siempre han dicho que son expertos en seguridad". "La vida de un buen ciudadano no tiene precio", agregó Bolsonaro. Anteriormente ha dicho que más armas reducirán la violencia en Brasil.
Mientras tanto, los críticos han denunciado rápidamente el nuevo decreto, argumentando que podría impulsar un aumento de la violencia en la capital mundial de los asesinatos . Ilona Szabo de Carvalho , directora ejecutiva del Instituto Igarape, un grupo de expertos con sede en Río de Janeiro, dijo que la orden era perjudicial para la "protección de la sociedad en general". "Sabemos que cuantas más armas haya en circulación, más muertes se producirán con armas de fuego", dijo De Carvahlo a las noticias de Globo en Brasil. "En ninguna parte de nuestra constitución se afirma que tenemos derecho a las armas, dice que tenemos derecho a la seguridad pública", agregó. En 2017, se registraron 63,880 homicidios en todo Brasil, lo que lo convierte en el año más mortal en la historia del país, según el Foro Brasileño de Seguridad Pública. Cerca de 45,000 de esos casos involucraron armas de fuego.
FUENTE: AL JAZEERA Y AGENCIAS DE NOTICIAS.