Zheger Hay Harb
Un prócer de opereta
La payasada que ofreció el fiscal general Néstor Humberto Martínez pretendiendo hacer ver que renunciaba irrevocablemente a su cargo porque la Justicia Especial de Paz (JEP) negó la extradición del ex jefe guerrillero Jesús Santrich quiere ser aprovechada por sus aliados de la extrema derecha para cambiar todo el andamiaje jurídico del país en su propio beneficio.
Era evidente desde un comienzo que Martínez aprovechaba una oportunidad única para salir airosamente de su cargo ante la posibilidad de que la Corte Suprema le obligara a desligarse de las más importantes investigaciones a cargo de la fiscalía. Ya se conocía que ese alto tribunal se preparaba para emitir sentencia obligándolo a declararse impedido en todos los casos que tuvieran que ver con Odebrecht en los cuales parece estar implicado, por lo cual posiblemente pasaría a ser investigado.
Si eso lo sabíamos todos los colombianos, con mucha razón él, que por ejercicio de su cargo y su experiencia como abogado litigante sabe meterse por los meandros de la administración de justicia para obtener información no oficial. En el ambiente estaba siempre la pregunta de cómo en todos los países donde Odebrecht había tendido sus redes de corrupción caían fiscales, funcionarios y magistrados mientras en Colombia las investigaciones guardaban el sueño de los justos.
Había suficiente información sobre las coimas de Odebrecht para obtener contratos de infraestructura en los cuales estaban implicados antiguos clientes del fiscal con conceptos que él mismo había rendido como abogado. El reclamo general era cómo podría él actuar con imparcialidad si para investigar esos casos tendría que auto investigarse lo cual es abiertamente ilegal.
Un ex ministro de Justicia opina que Néstor Humberto usa las renuncias para escurrir el bulto antes de que lo tumben y recuerda que cuando, siendo ministro del interior en el gobierno de Andrés Pastrana, le iban a hacer una moción de censura en el congreso que lo hubiera obligado a retirarse, renunció. De igual manera lo hizo en el gobierno de Santos cuando, siendo ministro de la presidencia, no logró que aprobaran su propuesta de reforma al equilibrio de poderes: antes de salir derrotado, renunció.
Su renuncia actual se da en un momento especialmente complicado para él: hay conversación grabada de un testigo lo implica en el caso Odebrecht, fracasó su intento de que el congreso aprobara las objeciones a la ley de la JEP que él había propuesto al gobierno, ha fallado su propuesta de que el glifosato sea aceptado sin condiciones, fue derrotado en su intento de cambiar las normas sobre extradición y muy posiblemente pase de investigador a investigado.
¿Por qué en vez de renunciar no apeló la sentencia? Porque con su renuncia abre el camino para que el gobierno, aupado por el ex presidente Álvaro Uribe, proponga realizar una asamblea nacional constituyente para salir del “caos” generado por la sentencia de la JEP y la salida del fiscal, con el propósito de acabar con la separación de poderes, suprimir la Corte Constitucional que tantas veces ha fallado en defensa del proceso de paz, acabar con el tribunal de paz y dibujar un Estado a su acomodo.
Así se quitarían de encima la obligación de restituir tierras a los desplazados, reparar a las víctimas y evitarían que se conociera la verdad de lo que ha ocurrido en estos años de conflicto armado en el que los únicos que han delinquido no son los paramilitares, guerrilleros y militares. Los funcionarios, los empresarios, los ganaderos y todos los civiles que actuaron conjuntamente con los paramilitares, verían tranquilos que no los alcanza el brazo de la justicia.
Ahora, como si fuera poco, salen con la propuesta de decretar el estado de conmoción interior, muy posiblemente con la intención de extraditar a Santrich por vía administrativa.
Es tan grande el favor que Néstor Humberto les ha hecho, que ya salió Uribe a hablar de que hay que acabar con la JEP y el presidente, que no dijo una palabra en defensa de la dignidad nacional cuando la embajada de Estados Unidos tan groseramente intentó presionar al congreso y a la Corte Constitucional, se presenta ahora indignado a rechazar el fallo sobre Santrich queriendo hace ver que es una muestra de impunidad. Claro que el presidente no hizo sus declaraciones como una alocución presidencial sino mediante un trino para que la oposición no pudiera invocar el derecho de réplica de acuerdo con el Estatuto de la Oposición que ya estrenaron cuando la Cámara de Representantes negó las objeciones presidenciales y Duque salió a decir que se había acabado el Estado de Derecho.
El fallo de la JEP dice que no puede condenar a Santrich por falta de pruebas pero que se debe seguir investigando. Ahora resulta que Estados Unidos, que se negó a aportar pruebas cuando ese tribunal se las pedía, sale con un video en el que supuestamente Santrich está haciendo un negocio de drogas y que esa es la prueba reina para que prospere la apelación que ha presentado el procurador general y que seguramente presentarán muchos más. Cualquier estudiante de derecho podría decirles que el video no puede presentarse en la segunda instancia porque ésta debe analizar la sentencia que el juez emitió con los elementos con que contaba en ese momento; no pueden aportarse como pruebas al proceso las que no hayan surtido examen en audiencia pública, contradictoria y concentrada de acuerdo con el sistema penal acusatorio que rige en el país. Lo que hace el juez superior es revisar si, de acuerdo con lo que se disponía en el momento del juicio anterior, se actuó de acuerdo con la ley.
No nos extrañemos si el día de mañana la caverna del Centro Democrático lanza a Néstor Humberto como candidato a la presidencia de la República. Un favor tan grande merece un gran reconocimiento.