MANAGUA, Nicaragua, 23 de mayo (EFE).- Nicaragua amaneció este jueves en paro nacional, en protesta contra el presidente Daniel Ortega, a quien la oposición le exige que libere a los “presos políticos” y respete los derechos humanos.
A pesar de que el Gobierno amenazó con tomar medidas contra los negocios que se sumaran al paro nacional de actividades, el cierre de establecimientos fue notorio, aunque no total, en las primeras horas del día.
El paro nacional fue evidente en ciudades como Camoapa, Chichigalpa, Chinandega, Ciudad Sandino, El Viejo, Granada, Jinotepe, León, Nueva Guinea, Managua, Matagalpa y Tipitapa.
En Managua la hora pico pareció no existir, ya que las calles estuvieron despejadas, el Mercado Oriental, el más extenso de Centroamérica, mostró un movimiento sensiblemente menor después del amanecer, al punto que algunas de sus calles internas fueron perfectamente transitables en automóvil, lo que no es posible prácticamente en ninguna época del año.
Las terminales de autobuses que van para los departamentos (provincias) se notaron vacías, al igual que los autobuses, tanto los interdepartamentales como los urbanos, y los taxis apenas mostraban pasajeros, pese a que sus dueños anunciaron que trabajarían normal.
Una situación similar se vivió en el resto de ciudades donde el paro fue sensible.
El paro nacional de este jueves, por 24 horas, fue llamado por la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, luego de que un “preso político” murió en una cárcel al recibir un disparo de un custodio en circunstancias no claras, en reclamo porque el Gobierno no cumple con sus compromisos firmados en una mesa de negociaciones, entre ellos la libertad de los reos y el respeto por la Constitución.
Este es el quinto paro nacional de los nicaragüenses contra el Gobierno de Ortega en 13 meses, de los cuales 4 consistieron en la suspensión de toda actividad económica y social, y uno fue como huelga de consumo, que produjo los mismos efectos.
El Gobierno de Nicaragua exigió este jueves a los opositores la “no repetición” de protestas masivas contra el presidente Daniel Ortega en 2018, que a su juicio fueron un “intento fallido de golpe de Estado”, un día después de que prometió “libertad definitiva” para todos los “presos políticos”.