Alfredo García
El pasado domingo se llevaron a cabo las elecciones generales en Guatemala. Un electorado frustrado e indeciso, eligió presidente, vicepresidente, 160 diputados, 340 alcaldes y 20 diputados al Parlamento Centroamericano. Diez y nueve candidatos a la presidencia promovidos por igual número de partidos políticos, impulsaron una campaña electoral que se caracterizó por el continuismo y la ausencia de un programa reformista contribuyendo a la desorientación de los votantes.
Según el Tribunal Supremo Electoral, TSE, con un 86 % de mesas escrutadas, solo dos candidatos tienen posibilidades de triunfo: la candidata del partido socialdemócrata, Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, Sandra Torres, con un 24,72 % de los votos, seguido por el candidato del partido de centro-derecha, VAMOS, Alejandro Giammattei, con un 14,33 %, quienes se enfrentaran en una segunda vuelta el próximo 11 de agosto. El resto de los candidatos no tienen oportunidad, incluyendo a Pablo Ceto, candidato del ex movimiento guerrillero, Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, convertido en partido político desde 1996. Sin embargo, la mayor sorpresa ha sido la candidata, Thelma Cabrera, del partido Movimiento por la Liberación de los Pueblos, una líder indígena cuyo apoyo popular ha crecido en las últimas semanas.
Torres, de 64 años, socialdemócrata, licenciada en Ciencias de la Comunicación y empresaria textil, ex esposa del expresidente, Álvaro Colom, iniciada en la política en 2011, es secretaria general de UNE. Durante su investidura como primera dama, estuvo a cargo de coordinar programas sociales destinados a la infancia, niñez y adolescencia.
Giammattei, de 63 años, médico conservador, fundador y secretario general del partido VAMOS, excoordinador de procesos electorales desde 1985, y exdirector del Sistema Penal de Guatemala con fama de “mano dura”, notorio por aspirar en 4 ocasiones a la presidencia con diferentes partidos políticos, cuenta con la preferencia de los círculos de poder políticos y económicos que han gobernado el país en las últimas 7 décadas.
Durante la campaña electoral, la memoria histórica de la sufrida Guatemala no estuvo presente. Ningún candidato mencionó la derrocada joven democracia por parte de la CIA en 1954, la lucha armada iniciada en 1962 que duró más de 3 décadas con un saldo de 200 mil muertos, 45 mil desaparecidos y 100 mil desplazados, el acuerdo de paz que puso fin al conflicto armado entre la URNG y el presidente, Álvaro Arzú en 1996, ni la “revolución ciudadana” de 2015 que obligó a renunciar al corrupto presidente, Otto Pérez Molina, y sembró la esperanza popular de un radical cambio que propició la victoria presidencial del humorista, Jimmy Morales, quien durante su mandato incumplió las promesas hechas sobre los reclamos reivindicativos de la población.
Presionado por señalamientos de corrupción y un proceso de desafuero promovido por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, que lo acusaba de financiamiento ilícito en su campaña electoral, el presidente Morales detonó un escándalo político al expulsar del país a la CICIG, según acuerdo con la ONU, cancelando su misión en Guatemala. La CICIG ayudó al Ministerio Público, a desactivar algunas de las mayores redes de corrupción en el país.
Quien resulte electo en la segunda vuelta en agosto, tendrá que enfrentar la creciente corrupción y violencia, principal causa de la migración indocumentada que atraviesa el territorio mexicano con destino a EU y frenar el deterioro de la endeble democracia, agravada por el reciente viaje de Óscar Schaad, jefe de la Fiscalía contra Delitos Electorales, quien junto a su familia abandonó el país tras denunciar amenazas de muerte.