Adriana Robreño
Crónicas Brasileñas
El 2 de abril no había médicos en el Parque Indígena de Xingu, Norte del estado Mato Grosso para atender a Milena Kaibi. Con cuatro días de nacida, la bebé comenzó a tener fiebre y, sin doctor en la comunidad, murió a los 28 días de llegar al mundo esperando por una cama en un hospital de una ciudad cercana.
Otros dos bebés de la etnia Kaiabi murieron en un período de 11 días. Jaqueline, de 2 meses, tuvo neumonía y falleció mientras esperaba hacía un mes por una cirugía cardíaca. Nare Pedro, de 2 años, fue víctima de una desnutrición que nadie supo alertar a tiempo.
La muerte de estos niños tan pequeños encendió la alerta de lo que se sabía que era un problema, porque como estos casos citados por la Agencia Brasil, prácticamente todos los habitantes de las comunidades originarias del país más grande de América Latina no pueden conseguir un doctor en el momento oportuno en el lugar donde residen.
De hecho, los siete mil 500 indígenas de 16 etnias que habitan la región de Xingu están sin atención desde noviembre del año pasado, cuando Cuba dejó de participar en el Programa Más Médicos ante las amenazas del presidente Jair Bolsonaro. De los 372 doctores que trabajaban en áreas indígenas, 301 eran cubanos, y seis de ellos atendían la región donde vivía la pequeña Milena, Jaqueline y Nare Pedro.
Además de médicos, faltan medicamentos como antibióticos y anestesia, lo cual compromete la atención básica y obliga a realizar en los casos más afortunados rescates aéreos, fluviales y terrestres hasta las ciudades más cercanas. A veces, hasta el combustible para el traslado es insuficiente para cubrir las emergencias.
Para empeorar la situación, parte de los recursos destinados a los 34 Distritos Sanitarios Indígenas del país fueron congelados por sospecha de corrupción en los contratos de prestación del servicio, como por ejemplo la superfacturación del alquiler de carros y aviones, informó la Secretaría Especial de Salud Indígena perteneciente al Ministerio de Salud.
El escenario se complica mientras las autoridades discuten el modelo de atención para las áreas donde viven estos pueblos, generalmente alejados de los centros urbanos. Un decreto firmado el 17 de mayo pasado por el presidente Jair Bolsonaro extinguió cargos destinados a personas encargadas de gestionar, al menos administrativamente, la salud en las comunidades indígenas.
Por eso, muchos de ellos salieron a las calles en los últimos meses a protestar contra estas y otras decisiones del gobernante temerosos de las consecuencias de esa medida. La presión popular obligó al titular de salud a asegurar públicamente que el sistema de salud indígena no será abolido.
Esa administración racista lanzó desde el primer día un ataque abierto, un ataque sin precedentes contra los habitantes originarios de Brasil con el objetivo explícito de destruirlos como pueblos y saquear sus tierras. Cuando Bolsonaro resultó electo, ellos sabían que tendrían que prepararse para lo peor. Con la muerte de tres bebés en 11 días es evidente que el momento difícil llegó, aunque saben que este es sólo el comienzo.