Zheger Hay Harb
La nota colombiana
La red de corrupción en el ejército nacional descubierta por la revista Semana no ha logrado ser desmentida ni minimizada, como han hecho siempre, con el argumento de que son sólo “unas pocas manzanas podridas”. Esta vez la publicación presenta audios, fotografías y videos con acusaciones hechas por oficiales de la institución.
La denuncia de la revista tiene dos componentes: uno de violación flagrante de los Derechos Humanos, como es el caso del reavivamiento de los falsos positivos, y otro sobre corrupción que, según dicen los denunciantes, es lo que más preocupa a los involucrados en el ilícito, porque ahí no podrán alegar que estaban luchando para defender la patria y además se les acabaría un muy lucrativo negocio.
Uno de esos casos involucra al segundo comandante del ejército, general Adelfo Fajardo. Subordinados suyos de cuando era comandante del comando de Educación y Doctrina del Ejército (CEDOC) denunciaron cómo debían cometer ilícitos a riesgo de aparecer como culpables para pagar con dineros del ejército viajes de su familia al exterior y caprichos suyos y de sus hijos de los que ellos mismos carecían para sus propias familias y acabaron hartándose de ser sus cómplices obligados. A pesar de que los hechos eran conocidos, Fajardo estuvo en ese cargo hasta diciembre del año pasado cuando fue premiado con la segunda comandancia del instituto militar.
Según dice quien denuncia a Fajardo el estrés por los delitos que éste le obligaba a cometer era tal que varias veces tuvo que ser hospitalizado: “Y si usted no cumple qué… ¿A dónde cree que estaría yo trasladado, ah?”. El dinero salía no sólo del presupuesto del ejército sino de extorsión a los proveedores de la institución y lo justificaba como gastos de eventos de bienestar para las familias como día del padre, de la madre, mantenimiento de la cafetería y reuniones de trabajo.
Un periodista de esa misma revista había denunciado en 2014, con pruebas fotográficas, que el general Fajardo le había prestado un helicóptero del ejército a Campo Soto, entonces procurador delegado para las Fuerzas Militares. Este funcionario estaba siendo investigado porque al parecer había falsificado documentos para posesionarse como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura y, a pesar de las pruebas disponibles fue absuelto.
Al parecer hay hechos conocidos desde hace años que sin embargo no han tenido consecuencias penales para sus responsables. Varios empresarios han venido denunciando que el general Jorge Horacio Romero, actual jefe del Comando de Acción Integral, cuando era comandante de la IV Brigada en Medellín les pedía dinero a cambio de autorizarles salvoconductos para el porte de armas. Lo cual hacía no sólo con empresarios sino también con bandas criminales como la tan sangrienta y temida Oficina de Envigado que ha mantenido a Medellín y toda la región amedrentada por muchos años.
Esos denuncios duermen en los anaqueles de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema, donde no se han movido en todos estos años, hasta ahora cuando el remezón del escándalo ha sacudido los cimientos de la institución militar porque los hechos no sólo fueron puestos en conocimiento de la rama judicial sino que también fueron denunciados ante la Inspección del Ejército cuando su jefe era su actual comandante general Nicacio Martínez, quien, como ya anoté en mi columna pasada, tiene investigaciones por falsos positivos y peculado por hechos anteriores a los que ahora se han dado a la opinión pública.
Una de las pruebas es un audio de la conversación de un coronel activo con un mayor, no identificados por motivos de seguridad, que indicaría que Martínez está siendo chantajeado por subordinados que conocen los hechos: “Yo si lo voy a decir de frente, la voy a coger y le voy a decir: o usted me soluciona lo mío, ya que está endiosada, y me colocan en la Brigada 25 de aviación donde supuestamente yo iba a estar, porque usted me hizo el cajón; o yo paso la baja, pero antes de irme de baja voy a salir en un noticiero contando todo, y digo qué es lo que usted quería hacer y qué era lo que estaba haciendo y qué hicimos para que mi general Martínez llegara (a ser comandante del Ejército) y qué es lo que busca realmente”.
Semana dice que se refieren a una mujer que al parecer consigue contratos de montos muy elevados con los cuales se benefician varios generales. A pesar de las dudas éticas y los proceso que hay contra el general Nicacio, que fueron recalcadas por organizaciones nacionales e internacionales, estuvo tranquilo en la Inspección General del Ejército hasta diciembre del año pasado cuando fue elevado al cargo más importante de esa entidad militar.
El ministro de Defensa Guillermo Botero, esa caricatura ambulante que se atreve a decir que un líder social cuyo cadáver apareció con signos evidentes de tortura y su pene arrancado y colocado sobre el pecho, había muerto en un forcejeo con un militar; que los líderes sociales han sido asesinados por líos de faldas; que los únicos delitos en una zona convulsionada son los robos de ropa puesta a secar, ha tenido que llamar a calificar servicios, en compañía del cuestionado comandante del ejército Nicacio Martínez, al denunciado general Jorge Horacio Romero y se espera que se tome la misma medida contra Adelfo Fajardo, segundo comandante del ejército y Eduardo Quiroz, del comando de Apoyo a Contrainteligencia.
¿Y la baja de Nicacio para cuándo? Ojalá venga junto con la destitución del ministro Botero.