Zheger Hay Harb
Con el título de la columna no me refiero al concepto expuesto por Hannah Arendt en el juicio a Adolf Eichmann para referirse a que muchos criminales nazis obedecían a los dictámenes del régimen simplemente cumpliendo la tarea que se les había encomendado, sin capacidad de decisión y sin consideraciones éticas ni conciencia de lo aberrante de ella.
Aquí quiero hacer relación a la defensa que el ex presidente Uribe hace de criminales sin importar la gravedad de sus crímenes. Lo único que le importa es que son o fueron sus aliados: ¿que Jorge Noguera director del DAS (organismo de inteligencia del Estado) mandaba asesinar izquierdistas? Era sólo un “buen muchacho”.
¿Que Juan Guillermo Monsalve es convicto por crímenes de las Autodefensas? No es cierto, nunca lo ha sido, a pesar de que sea confeso paramilitar.
¿Que Andrés Felipe Arias, ex ministro de Agricultura ferió los dineros destinados a campesinos pequeños dándoselos a grandes empresarios del campo para pagar favores de campaña? ¡Qué infamia! El no se robó ni un peso.
Son apenas tres botones de muestra pero la lista se haría interminable porque todo aquel que resulta bendecido por él, el innombrable, queda impoluto, como bañado por aguas purificadoras.
En el caso de Noguera, fue condenado porque la justicia pudo comprobar que entregaba al ex jefe paramiliar Jorge 40 listas de “peligrosos delincuentes comunistas” a quienes había que eliminar. El caso emblemático de estos crímenes es el del académico Alfredo Correa de Andreis, pacífico promotor de la participación ciudadana y el control social. Fue asesinado a las puertas de su casa, en estado de total indefensión como siempre anduvo porque el comandante de las autodefensas aceptó la información de Noguera que lo señalaba como peligroso guerrillero de las FARC, a las que nunca perteneció y con las cuales no tenía ningún contacto.
¿Cuáles son las bases para que Uribe insista en que este criminal es “un buen muchacho”? Que lo apoyó en su campaña política y lo alojó en su casa en una de sus correrías proselitistas cuando buscaba la presidencia de la República. Para adobar su defensa emplea el tono patriarcal que le conocemos de abuelo bonachón, de campechano ingenuo: los niños pasaron a dormir en la alcoba de sus padres para cederle la suya al futuro presidente. Esa exculpación tan exótica debería estudiarse en las facultades de derecho: con ojos al cielo y mano sobre el corazón dice que cuando oye a los padres y hermanos de Noguera y a su esposa, queda convencido de que es inocente y, claro, ahí viene el porqué ahora ha revivido el caso: cree que tiene derecho a una segunda instancia.
Como necesita que su campaña para sacar de la cárcel a Andrés Felipe Arias, ministro de Agricultura durante su mandato, no aparezca como dirigida sólo a favorecer a su niño mimado, revive el caso de Noguera para apuntalar su cruzada por Arias.
Pretende que a estos dos condenados por la justicia se les aplique una segunda instancia en la Corte Suprema de Justicia que no tiene posibilidades de prosperar porque cuando se dieron sus condenas ésta no existía. Hace un año se estableció la doble instancia en ese tribunal pero para los casos que de ahí en adelante cayeran bajo su jurisdicción. Si bien Naciones Unidas conceptuó que Arias tenía derecho a una segunda instancia, esa consideración se dio con base en un principio universal para garantía de los procesados, que en ningún caso puede usarse para exigir una reforma constitucional con efectos retroactivos para que los cientos de casos que ya son cosa juzgada revivan en una segunda etapa de juzgamiento.
Pero es que esa campaña por la segunda instancia en la Corte encierra otro venenito: busca sacar de la cárcel a los más de treinta políticos de sus huestes condenados por alianzas con paramilitares (entre ellos su primo Mario Uribe) y a los miembros de su gabinete presidencial que hoy purgan condenas por esa misma razón y otros delitos como cohecho por ofrecer dádivas para lograr votos en su campaña por la reelección.
En el caso de Monsalve, su afán actual obedece a que éste actúa como testigo en el caso por el cual ya Uribe ha sido llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia precisamente por manipulación de testigos. Esta persona declaró haber sido miembro de las Autodefensas y el tribunal aceptó su declaración luego de comprobarla. Fue también quien denunció que el abogado de Uribe le había ofrecido gabelas si en el proceso declaraba contra el senador de izquierda Iván Cepeda.
“Yo supe de este señor en todo este proceso que está condenado por delitos muy graves, ordinarios, sin móviles paramilitares, creo que en el Sur del país y que le han negado el ingreso a la JEP”. Esto es contraevidente porque el mismo Monsalve ya había aceptado su pertenencia al Bloque Metro de las Autodefensas, y que siendo capataz en la hacienda de los hermanos Uribe Vélez pudo enterarse de que Santiago Uribe Vélez creó el grupo de los Doce Apóstoles que asoló la región con un rastro de sangre y el ex presidente resulta comprometido.
En cuanto a la negativa de la JEP a aceptar su propuesta de sometimiento, ello obedece precisamente a que, siendo paramilitar, su proceso corresponde a la ley de Justicia y Paz que Uribe promovió para la desmovilización de esos grupos.
Así que la declaración de inocencia con que Uribe pretende bendecir estos tres casos no sólo es injustificada sino que agrede el sentido de la justicia.