
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a encender las alertas de seguridad al denunciar este fin de semana un supuesto plan para asesinarlo.
La alarma se disparó luego de que la prensa revelara el hallazgo, en febrero pasado, de dos lanzacohetes tirados a pocos metros de la Casa de Nariño.
Aunque la Policía concluyó que el armamento era obsoleto y “desechado” por una mujer vinculada a un exmilitar, el mandatario rechazó la versión: “No sé el objetivo de los antitanques y las explicaciones oficiales no me convencen”, escribió en X.
Petro criticó, además, que agentes policiales escondieran el hallazgo: “Ocultar estas armas, capaces de perforar blindaje presidencial, es quizá más grave que encontrarlas”.

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Según el jefe de Estado, existe evidencia de reuniones para coordinar atentados promovidas por lo que llama “extrema derecha mafiosa”.
En su hilo de publicaciones, el presidente recordó una advertencia del embajador de EE. UU. sobre un complot programado para el 20 de julio de 2024 y reveló la introducción ilegal de misiles tierra-aire SAM-16, que supuestamente iban a usarse contra él durante la COP16 en Cali.
“Entré a la ciudad por rutas clandestinas; nunca pudieron ubicar mis movimientos”, afirmó.
Petro responsabiliza a la llamada “junta del narcotráfico”, una red transnacional que —asegura— mantiene vínculos con políticos, la Fiscalía y la Policía, y a la que atribuye el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en 2022.
“Desde que presioné cambios en la Fiscalía, decidieron mi muerte”, sentenció.
Las denuncias reavivan el debate sobre la seguridad presidencial y la penetración criminal en las instituciones. La Casa de Nariño informó que abrirá una investigación paralela y revisará los protocolos de vigilancia en el centro de Bogotá.
Entretanto, la oposición instó a Petro a presentar pruebas sólidas y evitar “generar pánico” con denuncias sin sustento.
Con este episodio, el mandatario suma un nuevo capítulo a la serie de advertencias que ha emitido desde el inicio de su gobierno.
Resta saber si las pesquisas internas y externas confirman la existencia de un complot o si, como sostienen las autoridades policiales, se trató de material inservible mal descartado.
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