XALAPA, Ver., 1 de octubre (Sayda Chiñas Córdova, corresponsal de POR ESTO!).- El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) presentó los Informes de Resultados de la Cuenta Pública 2017, donde se exhibieron inconsistencias por 383 millones de pesos en el gobierno del estado y más de mil millones de pesos en los ayuntamientos.
El titular del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez realizó la entrega de los Informes de la cuenta pública, correspondiente al primer año de la administración de Miguel Angel Yunes, en el año 2017.
El legislador De Unanue Abascal dijo que, al igual que el año anterior, durante los próximos días revisarán el resultado de las cerca de mil 500 auditorías, a la luz del trabajo técnico competente realizado por el Orfis y con la representación de todas las fuerzas políticas de la LXIV Legislatura de Veracruz.
Anunció que de conformidad con la Ley de Fiscalización Superior, que esta Legislatura aprobó en noviembre de 2017, los informes individuales y el Informe General Ejecutivo tendrán el carácter de públicos y se mantendrán en el portal de Internet del Orfis.
Por su parte, el titular del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla señaló que una vez que la Comisión de Vigilancia emita el dictamen y sea aprobado por el Pleno, se iniciará la etapa de investigación, que contempla la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, sobre aquellas observaciones en las que se determinó un presunto daño patrimonial o en las que pudiera existir una falta administrativa grave.
En un primer informe se detectó que en el primer año de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares hubo un presunto daño patrimonial de 338 millones de pesos.
Se trata de 16 entes estatales que presentaron inconsistencias de carácter administrativo y/o recomendaciones, además en cuatro entes estatales se presentan observaciones administrativas que hacen presumir faltas graves y será el área de Investigación del Orfis quien las atenderá.
El Orfis realizó mil 505 auditorías a 343 entes estatales, poderes públicos, organismos autónomos descentralizados, 212 municipios y organismos operadores de agua entre otros.
El auditor afirmó que hay otros 250 millones de pesos que fueron observados por faltas administrativas graves.
En entrevista al entregar el informe, explicó que entre las dependencias involucradas en el daño patrimonial está la Sedesol, Protección Civil, Sedarpa, y Espacios Educativos y así como la UPAV.
Entre las dependencias con observaciones graves está la SIOP, Secretaría de Salud, entre otros.
En el caso de los ayuntamientos, se detectó daño patrimonial por más de 1,022 millones de pesos en el ejercicio del gasto de 153 municipios y dos entidades paramunicipales, entre ellas la comisión de agua potable y saneamiento de Xalapa y Lerdo de Tejada.
El informe de resultados que presentó este lunes el Orfis señala que se lograron recuperaciones en reintegros a la hacienda pública por 12 millones de pesos.
Respecto a la deuda pública de municipios, el Orfis también revela que 19 municipios contrataron deuda por 608 millones de pesos al realizar asociaciones público-privadas con NL Technologies S.A. de C.V. para la concesión del alumbrado público, y algunos otros para el tema de manejo de basura.
A su vez, durante la auditoría a la Deuda Pública y Disciplina Financiera se identificó que estos contratos no fueron inscritos o reportados por la Secretaría de Hacienda y Crédtio Público (SHCP).
También se dio a conocer que cuatro municipios: Coatzacoalcos, Minatitlán, Tantoyuca y Zontecomatlán, solicitaron créditos por 141 millones de pesos.
En el informe estatal de resultados de los entes fiscalizables 2017, realizó auditorías financieras y presupuestales donde detectó en general inconsistencias como: anticipos a sueldos y salarios, así como de obras públicas no amortizados y/o recuperados, traspasos de recursos entre fondos no reintegrados a sus cuentas bancarias de origen y saldos de deudores diversos cancelados sin evidencia documental.
Además, erogaciones sin comprobación documental, erogaciones y/o donativos sin evidencia de que hayan sido recibidas por los beneficiarios, edquisiciones de bienes o servicios sin observancia a la normativa aplicable, y falta de enteros de obligaciones fiscales a las instancias competentes en la materia.
En las auditorias técnicas a las obras públicas se detectó: pago de costos elevados en obras públicas, volúmenes de obras públicas pagados no ejecutados, falta de expedientes técnicos unitarios de obras, obras sin terminar o fallidas, obras no ejecutadas, obras pagadas sin ejecutar y obras sin la validación de la dependencia o instancia normativa.
Los ayuntamientos tienen un plazo de quince días hábiles para que presenten las aclaraciones y la documentación justificatoria y comprobatoria que las solvente debidamente.
Adicionalmente el Orfis informó que se elaboran los Informes Individuales de los Entes Fiscalizables y el Informe General Ejecutivo, mismos que se entregan al Congreso del Estado, a más tardar el primero de octubre.
Luego de que la Comisión de Vigilancia del Congreso Local emita el Dictamen de los Informes y se somete al Pleno la autorización, a más tardar el último día de octubre, el congreso tendrá que instruir al Orfis para iniciar la investigación respectiva de las observaciones de presunto daño patrimonial y aquellas que se puedan constituir como Faltas Administrativas Graves.