Lilia Arellano
* Corrupción e impunidad, signos del sexenio
* Rosario Robles Berlanga debe ser juzgada
* Desvíos superan 6 mil 800 mdp, dice ASF
* La “Estafa maestra” sigue sin ser castigada
El criminal peligroso es el criminal culto.
Gilbert Keith Chesterton
Poner fin al mandato de impunidad imperante en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el que prevalecieron la corrupción y multimillonarios desvíos de recursos públicos, revelados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y no investigados por las autoridades judiciales, y castigar las corruptelas en las cuales están involucrados funcionarios de primer nivel, como la titular de Sedatu, Rosario Robles, demandaron en el nuevo Congreso de la Unión senadores y diputados de oposición al actual gobierno federal, quienes pidieron al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, evitar el borrón y cuenta nueva con la funcionaria. El desvío de recursos en esas dependencias es “asociación delictuosa”, subrayó Dora Muna Buchain, extitular de la Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quien fue despedida por su trabajo en ese caso.
La ASF reveló se han desviado al menos 6 mil 879 millones de pesos durante la actual administración federal, entre 2012 y 2016, a través de la triangulación de recursos vía contratos entre dependencias como la Sedesol, la Sedatu y la Sagarpa, así como la Conagua, el ISSSTE, Diconsa, la Conapesca, la CFE y los institutos nacionales de Desarrollo Social y para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural. Al dar a conocer el Informe General de la Cuenta Pública 2016, en febrero de este año, la ASF advirtió sobre los riesgos de fraude y corrupción al registrarse un abuso del esquema de excepción de contratos emitidos entre entidades públicas.
El desvío de recursos operado por Rosario Robles es solo una más de la política de saqueo en la actual administración federal, la cual permanece totalmente impune, y en la que están involucrados no solo funcionarios de primer nivel, sino también gobernadores. Entre estas destaca el saqueo a las ahora empresas productivas del Estado, Pemex y CFE, de donde se retiraron en secreto 240 mil 518 millones de pesos del patrimonio nacional invertido en ellas, cuya falta de liquidez representa un enorme peligro para la estabilidad de la economía mexicana. Estos recursos se utilizaron del 2013 al 2015 para tapar la crisis de las finanzas públicas, de acuerdo con una investigación del HuffPost México.
Respecto al caso más reciente, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante las gestiones de Robles, protegida por Peña Nieto, el saqueo a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) no terminó en las 76 empresas presuntamente beneficiadas por contratos de servicios. De mil 900 millones de pesos del erario asignados por esas secretarías, más de 700 millones fueron finalmente transferidos en efectivo, a través de una intrincada triangulación de depósitos y mediante el servicio de Tameme, Cometra y Panamericano, entre diciembre de 2014 y diciembre de 2017.
La fracción parlamentaria de MORENA en la Cámara alta demandó poner fin al manto de impunidad, el cual ha cubierto a Robles durante este sexenio. Ricardo Monreal, coordinador del grupo, negó la posibilidad de que López Obrador perdone las irregularidades. En tanto, en la Cámara de Diputados, el líder de MORENA, Mario Delgado, calificó como grave el saqueo de 700 millones de pesos. El presidente de la Junta de Coordinación Política aseguró que estudiarán el asunto para proponer al Pleno una vía para sancionar este saqueo.
Tatiana Clouthier, diputada de MORENA, calificó el caso como “una burla, es un abuso” y señaló: “Yo creo que quien está ahorita al frente del despacho de la propia Procuraduría debe actuar en consecuencia de manera inmediata, no puede (quedar impune), de qué privilegios goza la señora”. A su vez, la diputada del PAN, Laura Rojas, adelantó que su partido enviará una carta a la Auditoría Superior de la Federación para que presente las denuncias. Apremió a la bancada de MORENA (ahora es mayoría) que impulse un juicio político contra Rosario Robles y de todos los servidores inmersos en actos de corrupción del gobierno actual. “Es indignante que la secretaria Robles siga gozando de total impunidad”, subrayó.
Para Alberto Esquer, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, la próxima administración de López Obrador no debe permitir que la corrupción del sexenio actual quede en la impunidad. “Gracias a Dios, ya se termina este sexenio de la corrupción, de los desvíos y de los fracasos políticos, debe haber un seguimiento puntual y concreto por el gobierno entrante”, señaló.
Comprueba ASF
saqueo de Robles
En la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se desviaron mil 311 millones de pesos. La ASF reportó en febrero pasado: Sedesol y Sedatu simularon contratos con Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), la Televisora de Hermosillo (Telherm) y la Universidad Politécnica de Quintana Roo (Upqroo) para operar el desvío millonario. Ahora se revela que el dinero público siguió una ruta para llegar en efectivo a una decena de casas. De acuerdo a la ASF, 6 de los proveedores subcontratados para prestar servicios a Sedesol y Sedatu, y otras 9 empresas emitieron las órdenes de transferencias. Uno de los destinatarios fue Servicios Empresariales Helte, con una oficina supuestamente ubicada en Sócrates 128-3 en Polanco. Pero personal del edificio sostiene que nunca ha tenido su domicilio en ese lugar.
Helte aparece como una subsidiaria contratada por un sistema de televisión estatal que debe cumplir con un servicio y también aparece como receptora del efectivo en el último eslabón de la cadena. Personal de Tameme y del Servicio Panamericano entregaron 493.7 millones de pesos en las supuestas oficinas de Helte Polanco, entre el 7 de diciembre de 2015 y el 22 de diciembre de 2017. Conforme a la indagación de la ASF, los 708.2 millones de pesos repartidos en billetes representan 37 por ciento del total del monto desviado. Los domicilios a donde presuntamente se envió el dinero son falsos: el de Helte, es el consultorio de una psicóloga; otro es una casa habitación abandonada, otro es un consultorio de rehabilitación; y uno más es un despacho de fiscalistas. En Playa del Carmen se entregó el dinero a una casa de cambio; en Cancún se llevó a una oficina de ADO y en Villahermosa a la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Otro tres domicilios donde supuestamente personal de las empresas de traslado de valores entregó el dinero, no existen.
Al continuar su indagatoria, la ASF aumentó el monto de los recursos desviados desde la Sedesol y la Sedatu durante la administración de Rosario Robles, tras dar a conocer tres auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2016. El presunto quebranto incrementó a 2 mil 130.9 millones de pesos.
Desfalco a Pemex y CFE
Entre 2013 y 2015, la administración de Peña Nieto retiró en secreto 240 mil 518 millones de pesos del patrimonio nacional invertido en Pemex y CFE, mediante diversas solicitudes emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, firmadas por el subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher, en los cuales se solicita a los directivos de Pemex y CFE realizar pagos correspondientes por concepto de “Aprovechamientos”. Pemex realizó dos pagos: uno por 65 mil millones de pesos en diciembre de 2013 y otro por 70 mil millones de pesos en diciembre de 2014, en total 135 mil millones de pesos.
A su vez, la CFE realizó tres pagos a la SHCP: uno por 30 mil 600 millones de pesos en 2013; otro por 31 mil 518 millones en 2014 y otro por 43 mil 400 millones en 2015. Así, Hacienda obtuvo un total de 105 mil 518 millones de pesos adicionales a expensas de la CFE. De esta forma, el dinero de Pemex y CFE utilizado por el gobierno de Peña Nieto en gasto corriente ascendió a 240 mil 518 millones de pesos.
Además, un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que el gobierno utilizó dinero proveniente de las cuotas de pensionados del ISSSTE y recursos de Nacional Financiera para gastar más del dinero aprobado por la Cámara de Diputados en 2014.
La estafa maestra
Por el desvío de recursos –miles de millones de pesos– de dependencias federales mediante la triangulación de numerosos contratos asignados a empresas fantasmas o sin experiencia para realizar trabajos que les fueron asignados, la ASF presentó entre 2013 y 2015 ante la Procuraduría General de la República (PGR) varias denuncias. Entre las involucradas destaca la Universidad Autónoma del Estado de México.
La asignación directa de contratos a dicha casa de estudios, mediante su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica, es una de las formas detectadas para realizar las operaciones. Entre las dependencias que entregaron recursos figuran las secretarías de Educación Pública, Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes, la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como Diconsa, Banobras y Conaculta.
A su vez, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga a 186 empresas a las que 11 dependencias del gobierno federal les asignaron 7 mil 670 millones de pesos mediante convenios con dicha universidad y otras siete, como la de Morelos y los politécnicos del Golfo y Texcoco. Estas contrataron a esas empresas para efectuar diversos trabajos. Pero resulta que 128 de esas empresas son fantasmas, ilegales, y no pudieron comprobar disponían del capital, la infraestructura y el personal para efectuar los trabajos asignados, como entregar despensas e insumos para la Cruzada Nacional contra el Hambre, digitalizar cédulas profesionales, servicios informáticos y trabajos en plataformas petroleras.
Entre lo encontrado por los reporteros Nayeli Roldán y Manuel Ureste, del portal de noticias Animal Político, y Miriam Castillo, de la organización Mexicanos contra la Corrupción, autores del reportaje “La Estafa Maestra”, destaca el dinero (más de 2 mil millones de pesos) que la Sedesol, a cargo de Rosario Robles entre 2012 y 2015, aseguró haber invertido en la Cruzada Nacional contra el Hambre. A Robles la reemplazó José Antonio Meade, quien no supo explicar estos desvíos de dinero. Este caso permanece en total impunidad. Rosario Robles sigue despachando en la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.
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