México

Deuda histórica y manoseada

CIUDAD DE MEXICO, 1 de enero (SinEmbargo).- El cinco veces Secretario de Estado, José Antonio Meade Kuribreña, lleva una semana tuiteando sobre los costos de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El día de la consulta hizo pública su preferencia por el proyecto de Texcoco. Este fin de semana tuvo un intercambio con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, y el lunes el Secretario de Turismo, Miguel Torruco Márques, también le cuestionó.

El también ex candidato presidencial priista tiene sus propias cuentas pendientes evidenciadas ya por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y por las mismas cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en materia de deuda pública e inversión –heredadas también de su amigo Luis Videgaray Caso– y en su desempeño como titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

“Podría seguirle dando vueltas, pero mejor pongamos número a la casa. Dejar de hacer el aeropuerto nos cuesta 145 mil millones de dólares. (Para iniciados: tasa de descuento del 15 por ciento real, y como costo, la mitad de la diferencia de aportación al PIB entre construirlo o no)”, tuiteó el ex titular de Hacienda.

Días después, el economista insistió: “Hoy no estoy haciendo planas, sino cuentas. El que quiera revisar, recalcular, refinar, de donde salen los 145 mil millones de dólares, acá pueden verlo (una entrada en Facebook)”.

El lunes el titular de Turismo escribió: “Muy curioso el activismo de @JoseAMeadeK con sus cifras. Mejor que nos aclare por qué no detectó, como titular de @SHCP_mx, los miles de millones de pesos de tanta transa que lograron poner a México en el penoso lugar 135 de las 170 naciones más corruptas del mundo ¿?” (sic).

El ingeniero Jiménez Espríu se limitó a responderle por la misma red social: “La ‘enorme pérdida’ -145 mil millones de USD- que el ex Candidato presidencial y Ex Secretario de HyCP, José Antonio Meade le asigna a la cancelación del NAIM, son ‘las cuentas alegres de un hombre triste’”.

Los números en Sedesol

José Antonio Meade estuvo a cargo del combate a los niveles de pobreza que se han mantenido en promedio en la mitad de la población mexicana durante los últimos treinta años de neoliberalismo, modelo económico por el que apostó el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), alma mater del ex Secretario de Sedesol del 28 de agosto de 2015 al 6 de septiembre de 2016.

Se pasó a la Secretaría de Hacienda con observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre la mala implementación de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Las cifras oficiales publicadas en vísperas de las elecciones presidenciales muestran una reducción en niveles de pobreza y población cuyo ingreso es menor a la línea de bienestar (canasta alimentaria y servicios básicos).

En 2014, 55.3 millones de mexicanos vivían en pobreza (46.2 por ciento de la población) y en 2016 se redujo a 53.4 millones (43.6 por ciento). Además, de 63.8 millones (53 por ciento) por debajo de la línea de bienestar de 2014 se pasó a 62 millones (50 por ciento).

Sin embargo, antes de ser dadas a conocer, el Consejo Nacional para la Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval), institución que emite estas cifras, advirtió ajustes en la metodología del levantamiento de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), clave para su medición.

El investigador del Colegio de México, Julio Boltvinik Kalinka, aseguró en ese entonces que ese Modelo estuvo “cocinado” para poder anunciar que el número de pobres disminuyó en los últimos dos años, ya que solo es una proyección.

Boltvinik ha trabajado durante años en cálculos alternativos a los del Coneval y con los datos que hay, aseguró que la cifra de pobres actual no es de 43.6 por ciento de la población, sino de 45.1 por ciento, cuatro décimas menor a la de 2014, cuando la pobreza se ubicó en 45.5 por ciento.

Las irregularidades en Sedesol

A Meade Kuribreña también lo persiguen las auditorías de su antecesora en la Sedesol, Rosario Robles Berlanga (1 diciembre 2012- 27 agosto 2015). Y las propias de 2016 al frente de la dependencia.

La ASF observó durante el periodo de gestión de Robles que se realizaron adjudicaciones directas de Sedesol a universidades públicas o institutos de educación para diversos servicios, a pesar de que no poseen la capacidad técnica, material ni humana para cumplir con lo contratado.

Dichas instancias pagaban a terceros por los servicios, lo que generaba sobrecostos o en otros casos no se contó con la evidencia de la realización por parte de los proveedores. Algunas empresas no fueron localizadas y de otras se presume su vinculación con actos irregulares.

La Auditoría Superior de la Federación le observó probables daños al erario público por 6 mil 558 millones de pesos en las Cuentas Públicas 2013, 2014 y 2015 en programas y contratos de esta dependencia.

A su llegada a la Sedesol, Meade Kuribreña omitió investigar las irregularidades.

Los números en Hacienda

Tras la salida de Luis Videgaray Caso de la Secretaría de Hacienda por el escándalo de la visita de Donald Trump, su amigo Meade Kuribreña tomó el cargo del 7 de septiembre de 2016, año de turbulencias económicas, al 27 de noviembre de 2017.

No pudo hacer mucho frente a un monto de deuda pública total que orilló a las calificadoras internacionales a emitir un semáforo amarillo. Pero se benefició con los remanentes otorgados por el Banco de México (Banxico).

Videgaray le dejó un saldo de deuda total histórica de 9 billones 797 millones de pesos, el 48.5 por ciento del PIB en 2016. Ese año, Banxico obtuvo 321 mil millones de remanentes gracias a las remesas valuadas en dólares, en ese entonces arriba del piso de los 20 pesos por uno, de los cuales Hacienda empleó el 70 por ciento para saldar una parte del endeudamiento.

Para 2017, el año de gestión de Meade, la deuda quedó en 10 billones 031 millones de pesos, el 46.4 por ciento del PIB. A la par de este endeudamiento en cifras rojas, la desaceleración en inversión pública se reflejó en un crecimiento promedio anual de 2 por ciento (2.92 por ciento de PIB en 2016 y 2.07 por ciento en 2017).