En la conferencia mañanera desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo jurídico e hídrico presentaron el paquete para expedir la Ley General de Aguas (reglamentaria del artículo 4º) y reformar la Ley de Aguas Nacionales (artículo 27).
La consejera jurídica Ernestina Godoy fijó la postura: el agua “no es mercancía”, sino derecho humano, bien público y recurso estratégico, por lo que el nuevo marco prioriza acceso equitativo, gestión comunitaria y protección de ciclos naturales, en línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030.
Sheinbaum subrayó que revertir el esquema privatizador “es una buena forma de celebrar el primer año” de su gobierno.
Qué plantea la nueva Ley General de Aguas
- Bases y competencias: define con precisión las responsabilidades de Federación, estados y municipios en la garantía del derecho al agua para uso personal y doméstico.
- Participación social: reconoce e incorpora los sistemas comunitarios de agua y saneamiento (sin fines de lucro) y formaliza su relación con autoridades.
- Planeación de largo plazo: crea la Estrategia Nacional Hídrica como instrumento de diagnóstico, metas y evaluación.
- Captación pluvial: obliga a implementar sistemas de captación de lluvia en obras públicas y privadas y promueve una cultura del agua intergeneracional.
- Profesionalización: fija requisitos mínimos para la integración y el funcionamiento de organismos operadores y el perfil de sus titulares.
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Cambios clave a la Ley de Aguas Nacionales
- Fin a la transmisión entre privados: no se podrán vender o ceder concesiones. Cualquier cambio de propietario (empresa o predio) requerirá título nuevo a nombre del adquirente, por el mismo volumen y plazo mediante procedimiento abreviado.
- Orden en el uso: no habrá cambios de uso (p. ej., agrícola a industrial/urbano) con el mismo título; el volumen regresa a Conagua, que evaluará un nuevo otorgamiento acorde a disponibilidad y planeación.
- Registro Nacional del Agua: un padrón único, transparente y trazable de títulos para cerrar espacios a la corrupción y a la duplicidad de sistemas.
- Rectoría del Estado: todas las prórrogas pasarán por análisis técnico; se exigirá estar al corriente de obligaciones fiscales, medición real de consumos y responsabilidad hídrica.
- Sanciones y delitos: multas más altas y un capítulo contra explotación, extracción y traslado ilegal de aguas nacionales; penas de 1 a 10 años de prisión, con agravantes para servidores públicos.
- Extinción de dominio: se habilita para casos de robo de agua.
- Fondo de reserva hídrica: los volúmenes recuperados por extinciones o devoluciones irán a un fondo para su reasignación estratégica.
- Anti-acaparamiento: límite a la cuota de garantía (máx. 5 años) y más medición y tecnificación del uso.
Certidumbre para usuarios actuales: quienes ya tienen título conservan sus derechos; en sucesiones o compraventas, Conagua emitirá el nuevo título por mismo volumen y plazo, sin pasar por disponibilidad (trámite expedito).
Cómo se construyó y qué sigue
El paquete surge de foros regionales en 13 cuencas con gobiernos estatales y municipales, academia, usuarios, comunidades indígenas y afrodescendientes.
Conagua destacó que la iniciativa “deja de ver el agua como mercancía” y la coloca como bien estratégico de la Nación. Sheinbaum confirmó que las iniciativas se envían hoy al Congreso para su discusión.
El objetivo: ordenar el uso, cerrar la puerta al mercado negro, fortalecer a operadores y garantizar el derecho humano al agua con reglas claras, medición y planeación a futuro.
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