Tras una sesión maratónica de casi 16 horas, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular las reformas a la Ley de Amparo.
El dictamen fue avalado con tres modificaciones, entre ellas una reserva presentada por Morena que generó fuertes críticas de la oposición, al considerar que introduce retroactividad encubierta en la aplicación de la norma.
La reforma, que había sido enviada por el Senado, fue devuelta a la Cámara Alta tras la incorporación del nuevo artículo tercero transitorio, propuesto por el diputado morenista Hugo Eric Flores.
La reserva que provocó el choque político
El artículo transitorio modificado establece que:
“Las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto se regirán por las disposiciones de este decreto, sin que ello implique aplicación retroactiva”.
De acuerdo con Morena, la propuesta busca aplicar las nuevas reglas a las etapas aún no concluidas de los juicios de amparo en curso, sin afectar los derechos adquiridos en fases ya concluidas.
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No obstante, legisladores del PRI y del PAN calificaron la redacción como una maniobra legislativa que viola principios de certeza jurídica y debido proceso.
Oposición denuncia “trampa” legislativa
El diputado Emilio Suárez Licona (PRI) sostuvo que el cambio representa una forma encubierta de retroactividad. En el mismo sentido, el coordinador priista Rubén Moreira advirtió que la reforma busca anular suspensiones ya concedidas, afectando a ciudadanos que ya obtuvieron fallos a su favor.
Por su parte, el panista Federico Döring calificó la modificación como un “asalto al amparo” y acusó a Morena de intentar “arrebatarle a los mexicanos la herramienta para defenderse del mal gobierno”, señalando directamente al ministro en retiro Arturo Zaldívar.
Monreal defiende reforma: “Que paguen lo que deben”
Desde la bancada oficialista, el líder de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, rechazó las acusaciones de retroactividad y argumentó que la reforma tiene como objetivo combatir los abusos del sistema de amparo por parte de grandes despachos que buscan proteger intereses fiscales de empresarios.
Monreal reveló que existen más de 2 mil créditos fiscales impugnados, por un monto superior a los 100 mil millones de pesos, que tardan en promedio entre 16 y 22 años en resolverse.
Afirmó que la reforma busca agilizar procesos, garantizar ingresos para el erario y evitar que los juicios sean utilizados por delincuentes de cuello blanco y lavadores de dinero.
Próximo paso: revisión en el Senado
Con los cambios aprobados, el dictamen fue enviado de regreso al Senado de la República para su revisión final.
Mientras tanto, el debate sobre el alcance real de la reforma y su posible impacto en los derechos constitucionales de los ciudadanos sigue abierto y marcará la agenda legislativa y judicial en las próximas semanas.
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