Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que continúan las reuniones entre autoridades mexicanas y de Estados Unidos para atender el reclamo del gobierno estadounidense por el cumplimiento del tratado de aguas de 1944.
Al responder a un cuestionamiento en su conferencia mañanera, Sheinbaum enfatizó que México está actuando dentro del marco de dicho tratado, el cual establece que, si durante un periodo de cinco años se registran sequías que impiden el cumplimiento de los volúmenes pactados, estos deben reponerse en los cinco años siguientes.
La presidenta subrayó que el objetivo de su gobierno es encontrar una salida que respete lo firmado con Estados Unidos, pero sin poner en riesgo el consumo humano de agua ni la actividad de los agricultores en territorio nacional.
Coordinación con gobernadores fronterizos por la entrega de agua
Sheinbaum explicó que en este proceso participan de manera coordinada los gobernadores de las entidades fronterizas involucradas, particularmente de la zona este: Tamaulipas, Nuevo León —aunque este último con menor participación de presas internacionales—, Coahuila y Chihuahua.
De acuerdo con la mandataria, el trabajo conjunto busca evitar conflictos internos y al mismo tiempo que el gobierno de Estados Unidos comprenda el contexto actual de disponibilidad de agua en México, marcado por años recientes de sequía.
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México y Estados Unidos intercambian propuestas y buscan acuerdo
La presidenta detalló que en los últimos días se ha dado un intercambio constante de propuestas entre ambos gobiernos. México presentó una primera propuesta que fue recibida y respondida por el equipo estadounidense; posteriormente, el gobierno mexicano envió un nuevo planteamiento y, de acuerdo con Sheinbaum, se recibió otra contrapropuesta de Estados Unidos la noche anterior.
Anunció que este mismo día se llevaría a cabo una nueva reunión bilateral para seguir afinando los términos del acuerdo.
Sheinbaum dijo confiar en que se alcanzará una solución que beneficie a ambos países, reconociendo la cantidad real de agua disponible y las necesidades de cada lado de la frontera, sin romper con los compromisos establecidos en el tratado de 1944.
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