Con 328 votos a favor, 131 en contra y 5 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Aguas, así como se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.
Algunos de los objetivos de la Ley General de Aguas son promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico, además de impulsar la cultura del agua. De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, las propuestas de la iniciativa son:
-Establecer bases de políticas públicas que garanticen las perspectivas de género, discapacidad, interculturalidad, entre otras, para fomentar condiciones de equidad en la gestión del agua
-Que el Estado sea el único regulador del uso del agua
-Eliminar la transferencia de derechos de agua entre particulares
-Concesiones no usadas adecuadamente regresen a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para su reasignación
-Reconocer la responsabilidad hídrica como criterio favorable para buenos usuarios, así como la seguridad hídrica, para garantizar el acceso sostenible
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-Transformar el Registro Público de Derechos de Agua en un Registro Nacional del Agua, para mayor control y transparencia
-Modificar el pago de cuotas para evitar acaparamiento y asegurar que el agua llegue a quien realmente la necesita
-Establecer reglas claras para concesiones de uso agrario, garantizando soberanía alimentaria y derechos de los titulares
-Fortalecer la detección de usos irregulares, el cumplimiento de obligaciones y el régimen de sanciones
-Incluir un catálogo de delitos hídricos para complementar el esquema sancionador
Conagua: la reforma busca frenar el acaparamiento y el mercado negro del agua
El director de la Conagua, Efraín Morales, defendió la reforma ante cuestionamientos del sector agrícola. En entrevista con Joaquín López-Dóriga, afirmó que la nueva legislación representa “un profundo cambio en la visión del manejo del agua”, enfocado en garantizar el derecho humano al recurso y terminar con prácticas históricas de privilegio.
Entre los cambios más relevantes, explicó, se encuentra la prohibición de que las concesiones de agua puedan intercambiarse entre particulares, mecanismo que —según la Conagua— facilitaba prácticas de acaparamiento en diversas regiones. Bajo la nueva ley, será exclusivamente la autoridad hídrica la encargada de redistribuir los títulos.
Morales sostuvo que la iniciativa dota al Estado de herramientas más eficaces para combatir el mercado negro de agua, práctica que afecta tanto al consumo humano como a la actividad productiva. Afirmó que existen grupos que buscan frenar la reforma porque durante años se beneficiaron de esquemas discrecionales.
“Quieren generar miedo con mentiras porque se ven afectados intereses que fueron favorecidos por el poder político y económico”, declaró.