Francisco Javier Pizarro Chávez
La relación gobierno-sociedad se asemeja mucho al matrimonio civil. Unas y otras, se sustentan en la empatía, la confianza, la credibilidad, la honestidad, la sinceridad y por supuesto el amor.
Y no exagero. Durante la campaña presidencial que podríamos comparar con el noviazgo, en las redes sociales millones de personas utilizaron el apócope AMLOVER que traducido quiere decir AMLO es amor.
La separación o divorcio del matrimonio tiene muchas causas. El primer causal del divorcio es un matrimonio que no lo es por completo, en el que uno de los dos o ambos, no tenían idea o no dimensionaron adecuadamente lo complejo que es esta etapa de la vida.
De ahí surgen las relaciones negativas como la falta de respeto, el excesivo control, la desconfianza mutua, la incapacidad para resolver conflictos y la falta de dinero, que es una de las razones por las que se divorcian muchas parejas y se desintegran las familias.
He recurrido a esta parábola con el único fin de que tanto gobierno como la sociedad entiendan que la falta de recursos puede convertirse en un factor que afecte la relación gobierno-sociedad de la Administración de Andrés López Obrador.
Las expectativas ciudadanas respecto al gobierno entrante, son muchas y de alto calado; si no se materializan el descontento popular será mayúsculo. A eso le apuestan los adversarios de López Obrador.
He insistido en muchos artículos que para transformar México se requiere voluntad política, pero también recursos financieros suficientes.
En atención a ello considero que los ciudadanos debemos dar seguimiento al presupuesto de Ingresos y Egresos del 2019, para comprender cuál es el estado de las finanzas públicas y qué se debe y puede hacer con ellas y qué no.
Para empezar describo de la manera más simple posible el proceso de cómo se estructuran y conforman la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.
A los recursos que requiere el gobierno para cumplir sus funciones, se le denomina Gasto Público. La orientación, el destino y el tipo de gasto se definen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, documento que autoriza la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a propuesta del Presidente de la República.
El presupuesto de Egresos especifica el monto y destino de los recursos económicos que el Gobierno Requiere durante su ejercicio fiscal anual, para obtener los resultados comprometidos y demandados por diversos sectores de la sociedad, como son:
* Proporcionar servicios educativos y de salud;
* Construir infraestructura y vivienda.
* Apoyar el desarrollo del campo
* Generar y distribuir electricidad
* Garantizar la Soberanía y seguridad nacional
* Procurar e Impartir Justicia
* Desarrollar actividades legislativas
* Transferir recursos a los estados y municipios
* Sostener relaciones con otros países y,
* Atender el costo de la deuda externa y la sub nacional, entre otros, desde luego, el gasto corriente de los tres Poderes de la Unión.
Para solventar financieramente el Gasto Público el gobierno recurre a diversas fuentes que pueden agruparse en dos grandes áreas:
1. El pago de impuestos, derechos y otras contribuciones de la sociedad; a los ingresos del petróleo, la venta de bienes y servicios de las empresas y organismos públicos; de las contribuciones y patrones al sistema de seguridad social.
2. Las reservas del Banco de México y la contratación de préstamos extranjeros y nacionales públicos y privados.
La principal fuente de financiamiento del gasto público es la primera. Se recurre a los empréstitos y las reservas financieras cuando el Gasto es mayor al ingreso, que es lo que hicieron Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Del 2000 al 2018, la deuda externa pasó de 2 a 10 billones de pesos. La deuda sub nacional a 575 mil millones de pesos y el pago de interés ronda los 600 mil millones de pesos. (Fuente: México S.A. de Carlos Fernández-Vega. La Jornada)
Por si eso fuera poco, se duplicó el presupuesto público federal en los tres sexenios. El gasto neto total del presupuesto de Egresos de este año fue de $ 5.2 billones de pesos, con un déficit presupuestal de $ 4.6 billones en números cerrados.
Lo infame es que una buena parte de los recursos públicos se los tragó el hoyo negro de la corrupción y el despilfarro en el gasto corriente de los tres Poderes de la Unión, gobernadores, alcaldes y las prebendas otorgadas a socios y amigos del sector empresarial.
De ese tamaño es el batidero financiero que le dejaron a AMLO, quien para poner orden en las finanzas públicas impulsa una relevante contracción del gasto corriente no prioritario mediante la reducción de sueldos de los altos funcionarios de los tres Poderes de la Unión, la cancelación de las pensiones de ex presidentes, prerrogativas y prebendas a funcionarios, que son un barril sin fondo.
Esta política de austeridad republicana, ya puesta a consideración del Congreso de la Unión, permitirá un ahorro del gasto público de alrededor de 450 mil millones de pesos, según las estimaciones del mismo presidente electo, lo que es significativo pero temo que no sea suficiente.
La lista de compromisos con la sociedad que el presidente suscribió desde su campaña es vasta: Va desde la pensión general a la población de la tercera edad, becas escolares a los jóvenes y su contratación y pago como aprendices de un oficio, la construcción y equipamiento de hospitales, viviendas, cuya inversión aún no se ha ponderado en pesos y centavos, hasta una inversión de 175 mil millones de pesos para elevar la producción de petróleo crudo, combustibles y electricidad; la construcción de una refinería en el Sureste que tendría un costo de 160 mil millones de pesos; el mantenimiento de las cuatro refinerías desmanteladas en las que se invertirá 40 mil millones de pesos; el Tren Maya en el Sureste cuyo costo fluctúa entre los 120 y 150 mil millones de pesos; y 10 mil millones de pesos para detonar un programa el desarrollo de 15 ciudades fronterizas, del centro y del Suroeste del país con altos índices de marginación y violencia convenida ya con los gobernadores de los estados donde se ubican los municipios fronterizos.
La suma de esas inversiones y programas sería de 535 mil millones de pesos, 85 mil millones más de los 450 mil mdp que se estima lograr con la política de austeridad para financiar estos proyectos.
A todo esto hay que agregar la deuda que tiene Pemex, la cual asciende a 104 mil millones de dólares, el equivalente a 2 billones mil 80 millones de pesos.
¿Como se va a subsanar este enorme desequilibrio entre los ingresos y el gasto?
No tengo la menor idea. AMLO ha asegurado que no va a incrementar los impuestos, derechos y contribuciones que, como explicamos líneas arriba, es una de las principales fuentes de la recaudación fiscal.
Por el contrario, en la reunión con gobernadores de estados fronterizos el presidente electo reiteró que habrá una rebaja de impuestos del 16 al 8 por ciento del IVA y al 20% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y que se homologará el precio de los combustibles con el de las ciudades colindantes de EEUU y se duplicará el salario mínimo.
De igual manera ha aseverado que no endeudará más al país y no dispondrá de las partidas destinadas al desarrollo social, infraestructura, educación, salud, el campo y desarrollo industrial.
Tengo para mí, que trae un as bajo la manga: recuperar los 150 mil millones de pesos que las cien más grandes empresas han eludido al fisco. De ser así sería un golpe maestro.
Con esa cantidad subsanaría los 85 mil millones de pesos que se requieren para poner en marcha los proyectos anunciados líneas arriba y le quedarían 65 mil millones de pesos para cualquier emergencia.
Ojalá así sea. Es lo justo y necesario.