Alvaro Cepeda NeriConjeturas
I.- Se propone establecer un registro público de funcionarios federales, desde el presidente de la República hasta los secretarios del despacho presidencial, incluyendo a directores generales, encargados del INE, ISSSTE, IMSS, Infonavit, Profeco, Pemex, CFE y todos los organismos descentralizados, para que registren su patrimonio al entrar en funciones, con acceso de dicha información a los solicitantes y publicados en un libro blanco, como medida básica para iniciar el combate a la corrupción. Si es que va en serio la constante invocación de López Obrador para iniciar la cirugía mayor a patrimonio abierto, para practicar el injerto de la honradez que algunos llaman honestidad. En ese listado deberán estar los diputados federales y senadores. Ya que la famosa “3 de 3” es inútil porque es una declaración voluntaria; y lo que se busca es volver obligatorio exhibir el patrimonio en bienes muebles, inmuebles e inversiones, asociaciones mercantiles y financieras de todos esos funcionarios.
II.- Se propone que éstos deberán entregar esa declaración en cuanto entren en funciones, en la misma medida que los funcionarios del Poder Judicial. Que sea una obligación ineludible y generalizada, con severas sanciones a quienes omitan información o presenten más bienes de los que tienen –en una inspección conforme a lo declarado. Deberán presentar sus declaraciones también las cúpulas sindicales a la par del reporte sobre cuotas de sus afiliados: no más Elbas ni Deschamps, ni Del Olmo. El asunto es que hemos padecido un sinnúmero de ladrones en el poder público, no solamente federal sino en las entidades y municipios que deberán asimismo establecer tales controles. Los desgobernadores son una banda de rateros, con sus cómplices dentro y fuera de la administración, en el aparato judicial y legislativo. Incluyendo también a los jueces, magistrados, ministros y demás instituciones del estado federal.
III.- Necesitamos que dicho registro tenga acceso al público y al periodismo de todos los medios de comunicación, para que sea una de las medidas que permitan agarrar al toro de la corrupción por los cuernos; y si no se establece, el problema no tendrá solución, ya que esto representa el inicio de la tarea por limpiar el sistema viciado en los últimos 72 años de priísmo, panismo y perredismo. Hay otra cara de la corrupción: los prestanombres. Será necesario establecer una red para encontrarlos. Así se han enriquecido núcleos y empresas familiares en toda clase de negocios. Difícil pero no imposible, será establecer ese método para conseguir que los nuevos funcionarios actúen con honradez; y no solamente los de Morena sino de los demás partidos que entrarán en funciones con el ascenso presidencial del 2018 al 2024. Hay información en el SAT, en Hacienda, en la Contraloría Superior de la Federación como para alimentar ese registro de funcionarios. Muchos de los anteriores y de los nuevos desertarán ante este modo de conocer su patrimonio bien o mal habido. Y los que se resistan iniciarán la primera etapa contra la corrupción al ser descubiertos en sus trampas.
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