Por Francisco Javier Pizarro Chávez
En mi colaboración de la semana pasada, advertí que había una embestida interna y externa contra el Plan Nacional de combate al robo de gasolina de Pemex, que desde el inicio de su gobierno Andrés López Obrador puso en marcha.
Señalé que el sabotaje sistemático realizado a los 11 ductos de distribución del combustible, aunado a la entrega de nuestro petróleo a empresas trasnacionales, es un tema de seguridad nacional, pues ambas acciones vulneran la estabilidad financiera y económica del país, el Estado de Derecho y la soberanía del país.
Me quedé corto. Nunca imagine que los huachicoleros y sus cómplices de cuello blanco, llegaran al extremo de incitar a las familias de comunidades cercanas a los ductos ordeñados, para apoderarse de combustible ilegal en condiciones de alto riesgo, como ocurrió el viernes de la semana pasada en Tlahualilpan, Hidalgo, lo que derivó en una tragedia que dejó una estela de 98 personas muertas, 48 lesionados graves por quemaduras y 65 pobladores más desaparecidos, según informó el gobernador de Hidalgo, al momento de escribir este artículo.
Y que no nos vengan con el cuento de que se trató de un “accidente” derivado de la ineficiencia del Ejército, policías y técnicos de Pemex que acudieron a controlar la fuga del combustible y la explosión que se produjo justo cuando uno de los huachicoleros, encendió su vehículo para retirarse de la zona luego de la llegada de los 26 militares.
Es por demás evidente que el propósito de la mafia de huachicoleros de Hidalgo era enfrentar a los soldados y policías con los pobladores de San Primitivo, municipio de Tlahualilpan, a quienes corrieron la voz de la fuga del ducto, para que acudieron a llevarse toda la gasolina posible en tambos, y cargando bidones en sus vehículos.
Tan es así, que incluso unas horas después se produjo otra fuga del mismo ducto de Tuxpan a Tula, 9 kilómetros más adelante del fatídico incendio y explosión, y cuatro perforaciones en otros ductos, que afortunadamente fueron controladas.
A quienes fomentaron esta tragedia —ya sean los cárteles huachicoleros y/o funcionarios, políticos y empresarios corruptos— les salió “el tiro por la culata” como dice el argot popular.
No lograron su perverso objetivo. El presidente de la República, no cayó en la provocación que le tendieron. Por el contrario, puso en marcha otro eje fundamental para fortalecer el Plan Nacional contra el huachicolero en 9 entidades de la República en las que habitan un millón 600 mil habitantes en extrema pobreza, en 91 municipios por los que pasan los ductos de Pemex y en los que el robo de combustible es más recurrente.
Durante su recorrido en Hidalgo y el Estado de México, se comprometió a impulsar un proyecto integral de bienestar social y productividad, sustentado en programas de empleos, pensión para adultos mayores, discapacitados, becas en educación básica, media y superior.
Según lo explicó el Presidente, las familias de estas entidades contarán con esos apoyos y tendrán un ingreso de entre 7 mil y 8 mil pesos mensuales “para que ya no haya pretexto para dedicarse al Huachicol”.
Considero que es un paso significativo. México está inmerso desde hace varios años, en un proceso de corrupción oficial y de una descomposición social de hondo calado, a consecuencia de la miseria, desintegración familiar, desempleo, alcoholismo y drogadicción e ignorancia de más del 50 por ciento de la población del país.
Los carteles de la droga, delincuentes y huachicoleros han utilizado a los mal llamados “ninis”, adolescentes y jóvenes que ni estudian ni trabajan, en un “ejército criminal de reserva” y carne de cañón en sus actividades ilícitas y criminales.
La inmensa mayoría de ellos no han tenido otro destino que la muerte o la prisión.
Es loable, por lo mismo, que en vez de reprimir y castigar a los desamparados —como le requirieron al presidente de la República, Felipe Calderón y no pocos medios de comunicación, dizque para preservar el Estado de Derecho y la seguridad de los ciudadanos—, se les brinde apoyo y se promueve su bienestar social.
A los que sí hay que sancionar, reprimir y castigar es a quienes se han enriquecido al amparo de la corrupción y fomentado el deterioro del tejido social del país, sin pudor alguno.
Insisto. Deben ser sometidos a proceso penal todos los que han saqueado las arcas públicas y recursos de la nación; congelar y recuperar su riqueza mal habida y someter a juicio político a los ex presidentes por traición a la patria.
El pueblo vilipendiado por el régimen político neoliberal de los últimos 30 años, lo va a agradecer y el capital político del Presidente López Obrador, lejos de desmoronarse como vaticinan sus adversarios, se fortalecerá al máximo.
No es ninguna casualidad que pese a la tragedia de Tlahualilpan, Hidalgo, el liderazgo y popularidad del Presidente de la República, no haya decaído. Al revés, subió al 88.7%, según el sondeo realizado por el Gabinete de Comunicación Estratégica, como lo dio a conocer hace unos días el Periódico Excélsior.
No se sí López Obrador ha leído a Marx, pero no cabe duda de que coincide con él en que “Es el ser social lo que determina la conciencia social, no la conciencia social la que determina al ser social”. Enhorabuena. Ya basta de apelar a la violencia para redimir el país.