Cada vez que el debate sobre seguridad pública se intensifica, reaparece la misma tentación: endurecer el sistema penal como sinónimo de eficacia. Más prisión, menos garantías, más excepciones. El problema es que esa ecuación rara vez funciona.
La eficacia del sistema penal no se mide por cuántas personas están en la cárcel, sino por cuántos casos llegan a sentencia con pruebas sólidas, sin nulidades y sin violaciones constitucionales. Cuando se confunde firmeza con improvisación, el resultado suele ser un sistema penal ruidoso, pero frágil.
Hay una verdad incómoda: muchas absoluciones y liberaciones no ocurren por “excesos garantistas”, sino por malas investigaciones. Carpetas mal integradas, detenciones sostenidas en flagrancias débiles, pruebas obtenidas sin control judicial y teorías del caso construidas a destiempo.
Frente a la delincuencia organizada y los delitos complejos, el modelo reactivo está agotado. No se desarticulan redes criminales con detenciones aisladas ni con reformas punitivas apresuradas. Se necesita investigación estratégica.
Eso implica invertir en análisis criminal, identificar patrones, seguir el dinero, entender las estructuras y producir inteligencia judicializable, no informes que se caen en cuanto llegan a un juez. Implica integrar desde el inicio equipos de investigación reales –ministerios públicos, policías y peritos– trabajando con una teoría del caso clara y coherente.
Sí, estas investigaciones toman más tiempo. Pero también producen sentencias más sólidas y duraderas, menos dependientes de la flagrancia y más resistentes al escrutinio judicial.
La eficacia también exige priorizar. Pretender investigar todo con la misma intensidad es una forma elegante de no investigar nada bien. La política criminal debe concentrarse en los casos de mayor impacto social y estratégico, no en inflar estadísticas de detención.
Y hay que decirlo con claridad: el control judicial no debilita la seguridad; la fortalece. Un caso que supera el escrutinio judicial temprano es un caso que no se cae después.
México no necesita un sistema penal más duro en el papel. Necesita un sistema penal más inteligente en la práctica. La seguridad no se construye renunciando al Estado de derecho, sino demostrando que incluso frente al crimen más grave, el Estado sabe investigar, probar y sancionar conforme a la ley.
Los atajos punitivos dan titulares.
La investigación sólida da resultados.
------------------
Abogado. Especialista en derecho penal, política criminal y seguridad pública.
Analista en temas de justicia, derechos fundamentales y sistema penal acusatorio.