En el complejo mapa de la seguridad en México, Yucatán se erige como una anomalía estadística y social. Mientras el país observa con preocupación el avance de la impunidad, en tierras yucatecas la paz se ha convertido en un activo que todos damos por sentado, pero que pocos se detienen a analizar en su justa dimensión.
La narrativa común atribuye este éxito exclusivamente a la presencia policial. Es innegable que el modelo del comandante Luis Felipe Saidén Ojeda es el cimiento de este muro. Su visión de dotar a la Secretaría de Seguridad Pública de inteligencia, cámaras y, sobre todo, de policías dignificados con salarios justos y capacitación técnica, ha creado una fuerza operativa que es referente nacional; mandos como Alejandro Ríos Covián y Carlos Marsh igual han dado rostro a una institución que no sólo reacciona, sino que previene.
Sin embargo, la seguridad no es un proceso que termina con una patrulla y una sirena. Existe una "segunda mitad" de la historia de la que poco se habla: la justicia. El proceso de justicia es una cadena: empieza con el policía en la calle y termina con una sentencia en el juzgado. En este tramo crítico, la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Juan Manuel León León, ha logrado inyectar eficiencia donde antes había estancamiento.
Las métricas son contundentes y revelan una realidad innegable: en la procuración de justicia, la estructura no lo es todo; el liderazgo y la estrategia lo son. Mientras Quintana Roo opera con una red de 28 agencias del Ministerio Público, Yucatán, ha optimizado sus 25 agencias para convertirlas en centros de alta eficiencia.
Esta diferencia en la calidad de la operación es abismal: mientras el vecino estado apenas logra judicializar el 8% de sus casos, en Yucatán la Fiscalía alcanza una tasa superior al 46%. El contraste es elocuente; con menos recursos físicos se ha logrado un ecosistema donde la investigación eficiente se impone sobre el rezago administrativo. El mensaje para la sociedad y para quienes pretenden romper la ley es claro: en Yucatán, gracias a una Fiscalía que sí funciona, delinquir tiene consecuencias reales.
A diferencia de Campeche, que cuenta con una buena base de ministerios públicos y lucha por convertir denuncias en sentencias, Yucatán ha apostado por la digitalización. El uso de denuncias en línea y el expediente electrónico no sólo ha reducido costos operativos en un 15%, sino que ha devuelto algo invaluable al ciudadano: la confianza. La gente denuncia más porque percibe que el proceso es ágil.
Pero el éxito de hoy puede ser la trampa del mañana si caemos en la complacencia. Para que Yucatán no siga el camino de saturación que hoy sufren nuestros vecinos. Ayudar a León es urgente para dar el siguiente paso evolutivo:
1. Dignificación Salarial en la Fiscalía: No podemos exigir una justicia de primer mundo con salarios de tercer mundo. Se propone bonos por desempeño basados en sentencias logradas son la vía para retener el talento, incentivo necesario.
2. La Ciencia sobre el Testimonio: Invertir en laboratorios de última generación permitirá que las pruebas científicas sean las que dicten el veredicto, eliminando la fragilidad de los testimonios que suelen caerse en los juicios.
3. Golpear donde más duele: Fortalecer la Unidad de Inteligencia Patrimonial (UIPE) para rastrear el dinero del crimen. No basta con detener al autor material; hay que asfixiar sus finanzas.
Conclusión
La seguridad en Yucatán no es producto del azar ni del aislamiento geográfico. Es el resultado de un binomio institucional: la fuerza táctica de Saidén y la precisión jurídica de León León.
Hoy gozamos de una bonanza inmobiliaria y una tranquilidad social que son la envidia del país. Para preservarlas, sociedad y gobierno debemos entender que la justicia no es un gasto, sino la mejor inversión que podemos hacer. Saidén lo sabe, León León lo sabe; ahora nos toca a nosotros, como sociedad, respaldar este modelo para que salir a la calle en paz siga siendo, por mucho tiempo, nuestra rutina diaria.