La inteligencia artificial acaba de cruzar una línea peligrosa: hoy es capaz de desnudar, sexualizar y violentar digitalmente a cualquier persona con solo una fotografía. No se trata de ciencia ficción ni de un problema menor. Es una nueva forma de violencia sexual, silenciosa, masiva y profundamente lesiva.
Lo alarmante no es solo que estas prácticas existan, sino que la ley mexicana aún no está diseñada para enfrentarlas.
Mientras plataformas como X enfrentan cuestionamientos internacionales por permitir la generación de contenido sexual falso a partir de imágenes reales, países como Gran Bretaña y Francia ya reaccionaron con medidas claras: criminalizar la creación y difusión de este material, imponer deberes estrictos a las plataformas digitales y proteger de manera prioritaria a las víctimas.
México no puede quedarse atrás.
El problema no es únicamente la difusión. El daño inicia desde el momento mismo en que una imagen es manipulada para simular desnudez o actos sexuales sin consentimiento. Esa acción —aunque nunca se publique— ya constituye una agresión a la dignidad, la intimidad y la libertad sexual.
Por eso, seguir tratando estos casos como simples “faltas administrativas”, “daños morales” o problemas de contenido digital es un error grave. Estamos frente a una nueva modalidad de violencia sexual, ejercida mediante tecnología.
De ahí la urgencia de expedir una Ley de Seguridad Digital y Protección contra la Violencia Sexual Sintética, con tres ejes fundamentales:
Primero, tipificar como delito autónomo la creación, solicitud y difusión de contenido sexual sintético sin consentimiento. No basta con castigar a quien lo comparte: también debe responder quien lo genera o encarga. El modelo británico es claro: pedir que se cree este material ya es parte del daño.
Segundo, imponer obligaciones legales a las plataformas digitales. No como censura, sino como responsabilidad. Canales de denuncia efectivos, retiro inmediato del contenido, preservación de evidencia y cooperación con autoridades. Francia y el Reino Unido entendieron algo clave: sin deberes claros para las plataformas, la ley se vuelve decorativa.
Tercero, prohibir de manera absoluta el contenido sexual sintético sin consentimiento, incluso si se “advierte” que es falso. La etiqueta no corrige la violencia. En estos casos, la única respuesta válida es la eliminación y la sanción.
El riesgo es mayor cuando las víctimas son mujeres, adolescentes o niñas. La violencia sexual sintética reproduce patrones históricos de control, humillación y cosificación, ahora amplificados por algoritmos. No es casualidad que este fenómeno avance más rápido que la respuesta institucional.
La inteligencia artificial no es el enemigo. La indiferencia jurídica, sí.
Regular no significa frenar la innovación, sino poner límites éticos y legales claros. Así como el derecho penal evolucionó para enfrentar nuevas formas de delincuencia, hoy debe hacerlo frente a la violencia sexual digital.
Si el Estado no actúa, el mensaje es devastador: que en el mundo digital el cuerpo, la imagen y la dignidad de las personas están desprotegidos.
La ley debe volver a vestirse de autoridad. Y hacerlo ahora.
Abogado. Especialista en derecho constitucional, seguridad pública y justicia penal.