Ni lucha por la democracia, ni persecución contra el narcotráfico. El móvil de la agresión de Estados Unidos a Venezuela es apropiarse de las reservas de petróleo más grandes del mundo que están en ese país.
En cuando a la defensa de la democracia, el supuesto asalto al Capitolio en el 2021, por el cual se acusa al hoy presidente Donald Trump, no configura precisamente la imagen y el accionar de un defensor de la democracia. (Hoy en día, ya él en el poder, la Casa Blanca ha reescrito esa historia para presentarlo como lo que debía haber sido y no fue).
Y la lucha contra el narcotráfico, con la cual pretende justificar el asalto a Venezuela y la captura de su presidente, choca con la amnistía “total e incondicional” que Trump otorgó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien había sido condenado a 45 años de prisión y una multa de ocho millones de dólares por un juez de Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
Todo eso son arandelas. Lo efectivo es el petróleo: “Me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos”, dijo. Y aclaró que las compañías petroleras de su país restaurarán la deteriorada red de producción del país invadido.
No tengo ninguna duda de que Nicolás Maduro usurpaba la silla presidencial. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, que en tantas ocasiones expuso la legitimidad de su mandato ante la crítica de sus adversarios buscando canales de conciliación para lograr la democracia en el país vecino, le exigió a Maduro que mostrara las actas de votación que demostraran que su triunfo había sido legítimo. Nunca lo hizo. Otros presidentes latinoamericanos, entre ellos Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y Gabriel Boric, de Chile, le hicieron la misma solicitud y concluyeron que su mandato era espurio.
El flujo de migrantes venezolanos no hace más que aumentar y cada día hay una prueba más de que el Gobierno de Maduro era dictatorial. Pero el operativo militar mediante el cual Estados Unidos lo secuestró viola todas las normas del Derecho Internacional, vulnera la Carta de las Naciones Unidas y la inmunidad que ella otorga a los presidentes de países soberanos, y constituye una amenaza para el mundo entero. Ya ha lanzado acusaciones y amenazas contra el presidente Petro, cuya legitimidad nunca ha sido puesta en duda ni siquiera por sus más radicales adversarios, acusándolo además de narcotraficante, una acusación realmente delirante.
Las amenazas del presidente Trump ya no se limitan a Colombia, Cuba, México e Irán como va siendo habitual, sino que ahora se extienden a Groenlandia, una isla autónoma que hace parte de Dinamarca, país europeo miembro de la OTAN.
Ayer nada más parecía imposible que se atreviera a violar la soberanía de un país como Venezuela y hoy comprobamos con tristeza y asombro que es una triste realidad. Para Colombia, más que para cualquier otro país, esta invasión aumenta el riesgo que significaba una frontera porosa y tan extensa con Venezuela y ocho millones de migrantes venezolanos en su territorio.
Si bien se habla de que los mismos miembros del Gobierno Maduro lo entregaron, lo cual quedaría confirmado por la facilidad con que se hizo la captura del mandatario y el hecho de que ahora gobiernan bajo el protectorado de Estados Unidos, la amenaza es de invasión armada. Por eso desde todas las orillas en Colombia parece haber consenso en que hay que extremar la prudencia para no brindar pretextos que hagan realidad las amenazas.
En la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el pasado martes 5 del presente mes, como miembro no permanente del mismo para el periodo 2026-2027, Colombia rechazó la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela y señaló que con ella había violado la legislación internacional; solicitó una reunión extraordinaria del mismo para tratar ese asunto y se ofreció para mediar entre Venezuela y Estados Unidos: “Colombia pone a disposición sus buenos oficios para ayudar a darle una salida diplomática a la crisis en el hermano país (…) debe haber un Gobierno elegido por nadie más que los mismos venezolanos”, dijo la embajadora Leonor Zalabata. Ojalá el incendio no se extienda.