De la Redacción
PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, 27 de noviembre.- Jueces de Control benefactores de los criminales al dejarlos en libertad, anteponiendo sus derechos y no el de las víctimas quienes no reciben garantía de la impartición de justicia, violentando el Código Nacional de Procedimientos Penales Vigente, tras ordenar la inmediata libertad de Luis Andrés M. M. y Miguel Ángel M. D., detenidos el pasado 12 de este mes, por elementos de la Policía Municipal, por su presunta participación en un violento asalto a punta de pistola a una gasolinera sobre el bulevar, lo que desencadenó un aparatoso operativo con intercambio de disparos entre los sospechosos y los gendarmes, quienes al final lograron su captura.
En este sentido, el Juez de Control Miguel Tuyú Martín bajo el oficio número 3890/2018 con fecha del día miércoles 14 de este mes de noviembre, ordenó la inmediata libertad de las dos personas detenidas por elementos de la Policía Municipal en flagrancia y persecución ininterrumpida cuando en la madrugada del lunes, se reportaron al número de emergencias del 911, dos robos a punta de pistola simultáneos en dos gasolineras de la ciudad, una de ellas sobre el bulevar lado norte a la altura de la avenida Universidades, lo que desató la movilización de los uniformados.
En este sentido, el operativo donde se desencadenó la persecución con disparos entre los delincuentes contra la Policía Municipal culminó sobre la avenida 125 con calle 12 donde se volcó el vehículo donde iban los tres maleantes, de los cuales dos de ellos fueron detenidos, y uno logró escapar; en el interior de la unidad se encontraron dos armas de fuego que presuntamente usaron los detenidos para perpetuar el robo, por lo que en tiempo y forma los gendarmes procedieron a ponerlos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común.
Sin embargo, el 14 de este mismo mes, el juez de control Miguel Tuyú Martín, mediante el oficio número 3890/2018 “por calificarse ilegal la detención”, ordenó la libertad inmediata de Luis Andrés M. M. y Miguel Ángel M. D., quienes regresaron a las calles a delinquir, anteponiendo los “derechos” de estos presuntos, como lo hace de la misma manera Derechos Humanos, un organismo que ha tergiversado la presunción de la inocencia y no la protección de los agraviados.
Los jueces benefactores de los criminales violan el Código Nacional de Procedimientos Penales vigente en nuestro país, en el artículo 2, que dice: Este Código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte”.