Por Salvador Canto
Hasta el momento, solo empresas transportadoras con placas federales, son las que han recurrido al amparo en contra de la Ley de Movilidad de Quintana Roo que recientemente entró en vigor, pero que aún no opera como tal porque todavía no se designa a la persona que se encargará de su funcionamiento a través de un organismo descentralizado.
Dicho decreto, tiene una serie de medidas que se hacen obligatorias para los prestadores de servicios públicos de transporte, así como para usuarios de vehículos particulares como es el contar con un seguro de cobertura de daños a terceros.
Sin embargo, es poca la información que se ha presentado al respecto y prueba de ello es que empresas de transporte de segunda clase que prestan el servicio de traslado de pasajeros hacia otras entidades del país, desconocen hasta el momento qué alcances tiene dicha ley y en qué les podría afectar (sic).
Cabe decir que la Ley de Movilidad está conformada por 204 artículos y desde el pasado 12 de septiembre, está corriendo un plazo de 30 días que vence el próximo 12 de octubre para que el gobernador del Estado, nombre al director o directora general de lo que será el Instituto de Movilidad que se enmarca en dicha ley como “un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), dotado de autonomía técnica y de gestión, responsable de la planeación, diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de la política de movilidad”.
Es hasta que entre en funciones dicho instituto, a lo que le están apostando más empresas de transporte, en general para conocer con exactitud la manera en la que se pondrá en marcha la operatividad de dicho decreto que inicialmente, fue hecho por la situación de la plataforma digital Uber.
Y es que, precisamente uno de los principales retos de dicho Instituto será la entrega de concesiones, permisos o autorizaciones a todo servicio público o privado de transporte que utilice las vías carreteras del estado, en una situación a la que los sindicatos de taxistas de la entidad ya no han dicho nada, pues ha trascendido que están de acuerdo y prueba de ello, que ya hicieron una solicitud formal al Ejecutivo para que les entreguen a ellos nuevas placas.