Por Miguel Ángel Fernández
CHETUMAL, 24 de enero.- La polémica nuevamente envuelve al Tribunal de Justicia Administrativa, siendo que renunció su presidenta Mónica Valencia Díaz, por “motivos personales”.
Fue el 3 de enero de 2018, cuando el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo inició actividades, con la sesión solemne en la que designó por unanimidad a la magistrada Mónica de los Ángeles Valencia Díaz como presidenta de este órgano jurisdiccional, para el desempeño de las atribuciones del recién constituido tribunal en cumplimiento del artículo 200 del Código de Justicia Administrativa, que faculta al Pleno para elegir de entre los magistrados al presidente.
Ahora, 12 meses más tarde, renunció a su encargo y en su lugar fue designado Alfredo Cuéllar Labarthe.
Cabe recordar que el 26 de diciembre de 2017, los integrantes de la Comisión Permanente de la Décimo Quinta Legislatura eligieron a los cinco magistrados que conformarían el recién creado Tribunal de Justicia Administrativa, contemplado dentro del esquema del Sistema Local Anticorrupción, y designaron a Valencia Díaz como presidenta.
En esa elección fueron designados Mónica de los Ángeles Valencia Díaz, Antonio Sánchez Urrutia y Fernando Gama Rodríguez, por un periodo de ocho años, así como Alfredo Cuéllar Labarthe e Isabel González Glennie, por un periodo de seis años.
Sin embargo, desde antes de iniciar funciones, el Tribunal de Justicia Administrativa fue cuestionado, siendo Fernando Gama Rodríguez denunciado por falso testimonio.
Para obtener el puesto, Fernando Gama Rodríguez mintió, pues proporcionó información falsa al Congreso del Estado, asimismo, entregó datos falsos al Ayuntamiento de Solidaridad para obtener la constancia de residencia y poder acreditar que contaba con residencia de 10 años en el estado de Quintana Roo, requisito marcado en el artículo 101 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, para ocupar el cargo de magistrado.
El actual magistrado Gama Rodríguez tenía una plaza de confianza como “abogado dictaminador” en la Procuraduría Fiscal, dependiente del sector central del Poder Ejecutivo del Estado de México, y laboró del 1 de junio de 2008 al 15 de febrero de 2015, de acuerdo con un oficio del 18 de enero de 2018, firmado por el jefe de la Unidad de la Dirección General de Personal del Estado de México, en el que da respuesta a una solicitud de información presentada por Somos Tus Ojos.
La prueba evidente fue que el magistrado Fernando Gama Rodríguez presentó un currículum al Congreso en el que no informó que trabajó en el 2015 en el Estado de México, como abogado dictaminador en la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas, cargo que desempeñó del 2012 a febrero de 2015, incumpliendo así con los diez años de residencia en el estado de Quintana Roo, que exige la ley para ocupar el cargo.
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