De la Redacción
PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, 5 de marzo.- Solidaridad se hunde en la narco-violencia con 39 ejecutados en este 2019, los empresarios sufren una embestida de extorsiones y los que no pagan son asesinados; sin embargo, la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SESP) a cargo del abogado-activista y sin carrera policial, el tijuanense Alberto Capella Ibarra, en lugar de reforzar el centro de operaciones de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en esta ciudad lo desmanteló, al reubicar a los policías a Cancún para respaldar a su incondicional Jesús Pérez Abarca a quien impuso como secretario municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez, como parte del fallido “Mando Único”, porque lejos de frenar la violencia, la ha ido incrementando.
El polémico y excéntrico Alberto Capella Ibarra, de 47 años de edad, tiene único mérito haber sido activista social en su natal Baja California, en octubre de 2006, como presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, encabezó una marcha-caminata por 16 días por todo el estado, donde el objetivo principal era presionar a las autoridades municipales y estatales a poner un freno a la delincuencia que no sólo se daba en la sociedad, sino en las propias corporaciones policiacas y en las diferentes esferas de gobierno, según denunciaba en su discurso, y para “calmarlo”, fue nombrado titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en Tijuana en el 2007, fue cesado en el 2008 por sus nulos resultados, en el periodo 2011-2013 repitió en el cargo, dejando como resultando en su último año 534 homicidios, cifra equiparable al total de asesinatos en todo el estado (590) en el año anterior. De enero de 2014 a septiembre de 2018 fungió como Comisionado Estatal de Seguridad Pública en Morelos.
A pesar de lo anterior y tener serios cuestionamientos en el estado de Morelos, el 26 de septiembre de 2018, el gobernador Carlos Joaquín González designó a Alberto Capella Ibarra como secretario estatal de Seguridad Pública en sustitución de Rodolfo del Ángel Campos en busca de mejorar la seguridad pública, porque Quintana Roo se hundía en la narco-violencia en sus dos primeros años de administración que inició el 30 de septiembre de 2016; sin embargo, la anhelada mejoría no solamente no llegó, sino ocurrió todo lo contrario, se agravó la narco-violencia en los municipios de la zona norte, poniendo en riesgo la industria turística que al año genera más de 8 mil millones de dólares, el 40 por ciento de los 19 mil millones de dólares que el país produce al año por este concepto.
Desmantelan el centro de operaciones de la PEP
El 16 de agosto de 2018, con una inversión de 2 millones 899 mil pesos el gobernador Carlos Joaquín González inauguró el Centro de Operaciones de la Policía Estatal Preventiva en esta ciudad, destinándose 10 patrullas y 30 elementos, quienes se sumaron a la vigilancia coordinada con la Policía Municipal Preventiva y la Policía Federal; sin embargo, tras la llegada del polémico y excéntrico abogado-activista a la SESP, empezó a desmantelar el Centro de Operaciones de la PEP ubicado en la avenida 105 con calle 25 Sur en la colonia Ejido, y hoy ya está cerrada, porque a los elementos los mandó a Cancún para respaldar Jesús Pérez Abarca, dejando este destino turístico a merced del crimen organizado; sin embargo, para su cuidado y la de su familia 18 agentes de la PEP.
Finalmente, a Alberto Capella Ibarra no le importa Solidaridad, el 25 de enero pasado este diario publicó que se podría agravar la narco-violencia en la emblemática Quinta avenida controlada por el crimen organizado, ya que, a mediados de dicho mes quedaron inoperantes las más de 100 cámaras de video-vigilancia colocadas en el “corazón” turístico de este polo vacacional y manejadas por el C-4 bajo la responsabilidad de la SESP, porque no se ha pagado la póliza de servicio a la empresa contratada, ya que esta importante infraestructura tecnológica que tiene, entre otras funciones, manejar el número de emergencias 911, hasta este cinco de marzo el problema no ha sido resuelto y hasta se agrava.