Quintana Roo

Represión en Sesa

Por Salvador Canto

 

Tras la denuncia pública por la demanda de amparo que interpusieron trabajadores del Centro de Salud Urbano Número 15, ubicado en la Región 103 de Cancún en contra de la Secretaría Estatal de Salud (Sesa) por la falta de insumos necesarios y equipos de protección médica adecuada a fin de enfrentar la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, ha comenzado un hostigamiento y amenaza laboral hacia el personal por parte de las autoridades en plena Fase 3 de la pandemia para que regresen a trabajar.

“A los que tienen contrato les dicen que no les van a renovar, a los que tienen planta les indican que los van a cambiar a otros centros de salud, pero siguen sin cumplir con la entrega de los equipos solicitados”, comentó uno de los afectados.

Se pudo conocer que ante la situación de amenaza laboral que se ha expandido hacia distintos Centros de Salud, incluso al mismo Hospital General “Jesús Kumate”, trabajadores de estos lugares se han frenado en hacer lo propio que el personal delaCentro de Salud Urbano Número 15.

“La instrucción viene del Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 2, Sócrates Homero León Pérez y en el caso de nosotros, la aplica el director del Centro de Salud Urbano Número 15, René Gilberto Castro Buenfil”, insistieron los afectados.

Es de destacar que uno de los argumentos que da la Sesa para no dotar de mascarillas N-95, guantes, gafas de seguridad y/o googles, caretas y/o pantalla facial, termómetros infrarrojo digital a los centros de salud, es que ahí no se atienden pacientes con COVID-19.

Sin embargo, más allá de eso, en dichas clínicas se atiende a toda persona, muchos incluso que al momento de la consulta desconocen que tienen coronavirus y con ellos “nosotros tenemos contacto, no es justo que no nos den equipos básicos, lo que nos están proporcionando no cumplen con las características adecuadas para salvaguardar nuestra integridad física y ponen en riesgo nuestra salud y la de nuestra familia”.

El Centro Urbano Número 15, pese a que sigue operando, el personal que mantiene la demanda de amparo, no se está presentando a laborar y su acción, está protegida por el Juez Séptimo de Distrito, hasta que la Sesales proporcione los equipos básicos, pues son un punto vulnerable para ser contagiados con el virus SARS-CoV-2.