Por Salvador Canto
“El derecho de acceso a la información pública es un derecho humano que no puede suspenderse ni limitarse, aún en una emergencia como la generada por el COVID-19, pues en estos momentos es donde los sujetos obligados tienen que dar a conocer con precisión en qué están gastando los recursos, su procedencia, a quiénes les han comprado insumos, en qué cantidades y cómo los están distribuyendo”, afirmó Fabiola Cortes Miranda, presidenta de la organización “Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo”.
Lo anterior, debido a que en la página del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Quintana Roo, aparece un nuevo “acuerdo” donde se indica que se amplía la suspensión de los plazos y trámites hasta el 29 de mayo de 2020 debido a la emergencia sanitaria derivada del COVID-19.
Es importante señalar que la Unidad de Transparencia depende de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo), pero por la excusa de la pandemia se encuentra sin actividad, pese a que se trata de una instancia que es el único enlace entre los ciudadanos que piden información y las dependencias obligadas a darla.
De hecho, en la página web, se encuentra un aviso con tres acuerdos y el más reciente establece que “el pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Quintana Roo (Idaipqroo) amplía la suspensión de los plazos y trámites hasta el 29 de mayo de 2020 ante la emergencia sanitaria derivada del COVID-19”.
Y esto, provoca que muchos ciudadanos y organizaciones civiles se hayan quedado sin acceso a la información pública, sobre todo en una etapa donde el derroche de recursos de todas las dependencias se hace sin que exista transparencia al respecto.
En ese sentido, la presidenta de la organización “Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo” afirmó que “si bien es una obligación de las autoridades atender las necesidades de la población, también es una obligación del gobierno informar cuántos recursos están gastando en ello, la procedencia y fuente de los mismos (si son federales o estatales) y en qué cantidades”.
De hecho, explicó que “ahí está el caso de Cancún, pues se sabe que se ha utilizado el dinero del Derecho de Saneamiento Ambiental, lo cual se está siendo manejado como un impuesto ya que no tiene el destino explícito y determinado para el que fue creado”.
Inclusive –dijo-, en el colmo de la opacidad el comité supuestamente ciudadano tampoco ha informado al respecto. “Los sujetos obligados deben informar con precisión a quiénes les han comprado insumos, en qué cantidades y cómo los están distribuyendo y al estar cerradas prácticamente todas las oficinas de gobierno el Idaipqroo suspendió los plazos de respuesta, y tampoco hemos visto que, aún y cuando existen tecnologías al alcance, estén sesionando de forma virtual, para sacar todo el rezago, que es mucho, de recursos de revisión o que estén haciendo una revisión escrupulosa y detallada (no aleatoria) de las obligaciones que deben cumplir los sujetos obligados y que en los hechos no hacen, por lo que los ciudadanos a lo que tienen acceso públicamente es a información incompleta, parcial, desarticulada”, concluyó.