En lo que va del año asesinaron a cuatro policías en Quintana Roo, lo que representa un promedio de 0.6 por mes. A nivel nacional, la cifra alcanza un agente muerto cada día (alrededor de 200), con una tasa de 1.09 por cada 100 mil habitantes, según alertó la organización civil Causa en Común, que documenta estos crímenes desde 2018. Desde entonces y hasta hoy, suman 39 elementos caídos en la entidad, con un promedio anual de 4.78.
Entre 2018 y 2020, la ONG envió 16 solicitudes de información al Gobierno estatal para conocer cifras más precisas sobre policías asesinados a nivel local. Las autoridades sólo respondieron nueve de esas peticiones. En ese periodo se registraron 17 homicidios, lo que colocó a Quintana Roo entre los 10 estados con más policías ejecutados.
Una de las responsables de esta escalada de violencia sería “La Sicaria”, presunta autora del asesinato de un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Cancún en junio pasado, en el contexto de una disputa entre grupos criminales. Las autoridades la vinculan con al menos tres homicidios más, lo que evidencia la infiltración de la delincuencia organizada en los cuerpos de Seguridad de Quintana Roo desde hace, por lo menos, dos décadas.
La Fiscalía General del Estado (FGE) reportó que el crimen más reciente ocurrió precisamente por una confrontación entre grupos criminales. Un juez vinculó a proceso a Yolanda “N” por homicidio calificado.
La violencia contra los cuerpos policiacos no se limita a Cancún. También golpea a municipios como Othón P. Blanco, Tulum y Playa del Carmen, donde ocurrieron ejecuciones incluso de mandos superiores.
El municipio Benito Juárez enfrenta el caso más grave. La tropa permanece dividida por el llamado “cártel policiaco”. Agentes activos revelaron que altos mandos, coordinadores y algunos supervisores operan como enlaces del crimen organizado dentro de la corporación.
Los testimonios señalan a altos mandos involucrados con una red encargada de cobrar y brindar protección a grupos delictivos dedicados al tráfico de indocumentados, trata de personas y narcomenudeo. También instruyen a los agentes a no intervenir cuando se registran ejecuciones a bordo de motocicletas. Incluso vigilan casas de seguridad a cambio de pagos de al menos 40 mil pesos para mantener informadas a las células criminales sobre operativos que realizan las Fuerzas Armadas y otras dependencias.
Una parte considerable de la tropa expresó su rechazo a sus jefes. Los propios agentes aseguran que maltratan al personal operativo y no respetan su trabajo.
La denuncia
En un documento que enviaron a esta casa editorial, agentes advirtieron sobre la grave situación interna de la SSC de Cancún, dividida actualmente en tres grupos. En el escrito, se identificaron como un grupo de exmilitares, la mayoría con grados de sargentos dentro del Ejército Mexicano, y señalaron que varios integraron cuerpos especiales de las Fuerzas Armadas.
Detallaron que, tras más de 20 años de servicio en la SSC, han sido testigos de cómo en los últimos 10 años la ciudadanía perdió la confianza en la institución. Acusaron directamente a coordinadores y supervisores de pertenecer al “cártel policiaco”, denigrando el uniforme y a la misma corporación, y afirmaron que estos mandos cobran cuotas y protegen a grupos delictivos, incluso colombianos, dedicados a la trata de personas.
También denunciaron que estos grupos cobran a los puntos de venta de drogas e informan a los criminales sobre los operativos que realizan las fuerzas armadas.
“Es por eso que tomamos la decisión de enviarle el escrito a esta casa editorial y solicitamos de manera urgente la intervención de las autoridades federales, así como una depuración a fondo de estos servidores públicos coludidos con la delincuencia organizada, para recobrar la confianza de la ciudadanía y limpiar la imagen de esta institución, además corremos el mismo peligro si hacemos la denuncia ante alguna autoridad y tememos por nuestra integridad física al igual que de la de nuestras familias”.
Los policías indicaron que la misiva la dirigieron también a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al secretario federal de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch y al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
Ajustes de cuenta
Los ajustes de cuentas del crimen organizado marcaron un sello de terror en México en los últimos años. Células criminales asesinaron a policías de todos los niveles de Gobierno, y Quintana Roo no quedó fuera. Aunque la entidad no encabeza la lista nacional en este delito, preocupa la participación de elementos coludidos con el crimen.
Recuento
El caso más reciente ocurrió el 16 de junio en la colonia Paraíso Maya, en Cancún. Una mujer asesinó a Víctor, un policía con 15 años de servicio, cuando llevaba a su hijo a un festival escolar por el Día del Padre. El menor resultó herido por una bala. El fiscal Raciel López Salazar confirmó que Yolanda Berenice, detenida por el crimen, operaba como sicaria para un grupo delictivo y participó en otros tres homicidios. El fiscal aseguró que el ataque no fue un hecho aislado, sino parte de un ajuste de cuentas.
López Salazar también informó que en dos años dieron de baja a por lo menos 500 agentes por “no tener el perfil necesario”.
El 15 de mayo, en Playa del Carmen, un agente municipal, Juan Pablo Torres, murió en cumplimiento de su deber al atender un reporte por violencia familiar en el fraccionamiento Villas del Sol. Un sicario le disparó, y el agente no portaba chaleco antibalas. La presidenta municipal Estefanía Mercado acababa de anunciar la compra de 300 patrullas nuevas, uniformes y un helicóptero como parte de su estrategia de seguridad.
Las autoridades identificaron al agresor como integrante de un grupo delictivo ligado a “El Galletas”, uno de los generadores de violencia en Tulum y Playa del Carmen.
El 7 de abril, un comando armado ejecutó al oficial Aurelio Arana Pech, policía municipal de Felipe Carrillo Puerto, en el poblado Xpichil. Las autoridades no reportaron detenciones por el homicidio. En enero pasado Arana Pech recibió un reconocimiento por su compromiso con el deber.
En la zona maya, mientras se dirigía a su domicilio, el 20 de octubre de 2024 asesinaron a Samuel Moo Tah.
El 22 de marzo, un grupo armado ejecutó al capitán naval José Roberto Rodríguez Bautista, secretario de Seguridad de Tulum. Fuentes federales atribuyeron el ataque a un poderoso grupo criminal.
El 1 de junio, durante una persecución en Chetumal, tres policías resultaron heridos. Dos chocaron entre sí en plena persecución, y el tercero recibió un disparo. Las autoridades aseguraron armas de distintos calibres, algunas de uso exclusivo del Ejército, así como drogas y vehículos usados por los delincuentes.
Otro caso relevante ocurrió el 29 de abril de 2024. Asesinaron a balazos a Fermín Cortés Burgos, mando de la SSC y exdirector del Cereso de Chetumal. Sujetos armados lo atacaron cuando viajaba en motocicleta, cerca de la Zona Naval.
¿Abandono institucional?
En México, los policías son poco o nada respetados, resultado de un abandono institucional. Muchos trabajan desprotegidos, con bajos salarios, escaso equipo y capacitación mínima, lo que los expone diariamente al riesgo de ser asesinados.
Desde 2020, organizaciones civiles registraron un promedio de 1.4 policías asesinados cada día. Pocos desean incorporarse a las filas de seguridad, y aunque algunos agentes se esfuerzan por servir y proteger, otros terminan colaborando con el crimen organizado, alimentando un círculo vicioso provocado por la falta de interés gubernamental en dignificar la labor policiaca.
Los asesinatos de policías representan una afrenta directa contra los Gobiernos, pero la mayoría de esos crímenes permanece impune.
El abogado y expresidente del Colegio de Abogados, Alejandro Aguirre Buenfil, lamentó la situación actual y atribuyó la infiltración policiaca a una desatención histórica, en cuanto a salarios y prestaciones.
Recordó que hace una década cerca del 80% de la tropa protestó porque les retiraron un bono para alimentos, de mil pesos. El resto no se unió al paro, quizás porque ya suplían ese ingreso por otras vías.
Aguirre Buenfil reconoció que actualmente algunas autoridades intentan mejorar salarios y dotar de equipo a los elementos.
También comparó la situación con Yucatán, donde los policías ganan mejor y los casos de corrupción o infiltración resultan menos comunes. Señaló que en estados como Quintana Roo, las células criminales corrompen más fácilmente a los elementos, quienes terminan informando a las bandas sobre movimientos, operativos y estructuras.
“En mi opinión, si se quiere acabar con ese flagelo, deben pagar salarios dignos y cubrir todas sus necesidades. Los policías que perdieron la vida, en algunos casos, se negaron a dejarse sobornar; en otros, eran informantes que no cumplieron a tiempo o no colaboraron, y por eso los mataron”, dijo.
En contraste, en Yucatán sólo asesinaron a tres policías en los últimos cinco años.
39 policías asesinados en Quintana Roo en los últimos 8 años:
• 2025: 4 (2 en Cancún, 1 en Playa del Carmen y 1 en Tulum)
• 2024: 2 (1 en Cancún y 1 en Chetumal)
• 2023: 5 (4 en Cancún y 1 en Tulum)
• 2022: 3 (2 en Cancún y 1 en Tulum)
• 2021: 5 (4 en Playa del Carmen y 1 en Cancún)
• 2020: 7 (4 en Benito Juárez y 3 en Chetumal)
• 2019: 9 (sin especificar)
• 2018: 4 (sin especificar)
Noticia Destacada
“La Fosil", mujer que asesinó a un policía municipal en Cancún, fue relacionada con otros tres homicidios
Asesinatos en todos los niveles de Gobierno
En enero de 2017, la delincuencia organizada atentó contra la Vicefiscalía General en Cancún, asesinó a un agente ministerial y desafió abiertamente a las autoridades. Ese mismo año, sicarios mataron a tres policías preventivos y lesionaron a otros tres. También rafaguearon una patrulla de Seguridad Pública y Tránsito desde una camioneta Suburban, en el cruce de las avenidas Sayil y Bonampak. Un agente perdió la vida.
El ataque ocurrió a las 4 de la mañana, cerca de la Plaza de Toros y Plaza Solare, zona que se ha convertido en uno de los más conflictivos y en disputa por el crimen organizado. Otro comando emboscó a la comandante con clave “Tornado”, y junto con ella, dos policías más resultaron heridos a espaldas del IMSS de la avenida Cobá.
La presencia del narcotráfico en la zona norte de Quintana Roo resulta evidente desde hace varios años, pero todo se desbordó en 2004, cuando asesinaron a 12 personas, tres de ellas agentes activos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), presuntamente vinculados con una organización criminal.
Desde entonces, comandos ejecutaron a decenas de policías y mandos, incluyendo a un general del Ejército: Mauro Enrique Tello Quiñones, quien fue asesinado brutalmente en Cancún el 3 de febrero de 2009.
Antes de ese caso, y único de esa magnitud hasta esa fecha, un comando “levantó” al comandante de la policía municipal Elías Martínez Góngora, clave “Hierro”, cerca del 64 Batallón de Infantería, en marzo de 2008. Lo torturaron brutalmente y ejecutaron.
En 2007, autoridades hallaron encajuelado el cuerpo del agente federal Pedro Ulises Aguayo Cartagena, adscrito al Aeropuerto Internacional de Cancún. Ese mismo año, sicarios atentaron contra el entonces comisionado de la policía municipal, Ricardo Adrián Samos Medina, y asesinaron a una de sus escoltas. En otro hecho, un comando “levantó” al comandante de la Dirección General de Aeronáutica Civil, José Luis Soladana Ortiz, y lo ejecutó con cinco tiros en un camino de terracería rumbo a Playa del Carmen.
En 2006, un comando ejecutó al coronel Wilfrido Flores Saucedo, jefe del Estado Mayor de Seguridad Pública, y a su chofer Alejandro Morales Xicoténcatl sobre la avenida Kabah, cuando se dirigía hacia su domicilio.
En agosto de ese mismo año, emboscaron a Sam Rodríguez Rodríguez, subdelegado de Procedimientos Penales “A” de la FGR, a unos metros de la dependencia federal.
Entre enero y junio de este año, asesinaron a 200 policías en México, un promedio de uno por día. Esta cifra representa un aumento del 35% respecto al mismo periodo de 2024. Según los registros, los policías municipales encabezaron la lista de víctimas, seguidos por estatales, ministeriales, federales, custodios penitenciarios y agentes de Tránsito.
Aunque existen policías comprometidos con su deber y las corporaciones han logrado desarticular células delictivas, muchas estructuras permanecen infiltradas por el crimen organizado.
