Estaciones de servicio de suministro de combustibles en Cancún, Playa del Carmen y Tulum fueron abastecidas con gasolina y diésel de procedencia ilícita.
Favorecieron a grupos empresariales que obtuvieron ganancias millonarias y desplazaron a competidores legales, se informó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), explicó que se identificaron 555 empresas vinculadas al huachicol fiscal, de las cuales al menos 108 presentan irregularidades graves en la importación y comercialización de hidrocarburos.
Entre las compañías con operaciones registradas en el Caribe Mexicano aparecen Altos Energéticos Mexicanos, Grupo Base Energéticos, Grupo Potesta, Era Tech Combustibles y Transportadora del Pacífico y del Golfo de México.
“Cancún quedó al descubierto como uno de los ocho puertos estratégicos utilizados por redes de contrabando de combustibles, de acuerdo con expedientes de la FGR relacionados con la causa penal 692/2025-I, en la que está implicado el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, actualmente preso en el penal de El Altiplano por delincuencia organizada”, detalló.
Los documentos, elaborados por el Centro Federal de Inteligencia Criminal el 11 de junio de 2025, señalan que, junto con Cancún, también operaron esquemas similares en Altamira, Veracruz, Ensenada, Lázaro Cárdenas, Guaymas, La Paz y Mazatlán.
Estas firmas triangularon envíos que llegaron a estaciones de servicio de Cancún, Playa del Carmen y Tulum, donde se distribuyeron gasolina y diésel sin la documentación correspondiente.
De acuerdo con el expediente, entre octubre de 2023 y mayo de 2025 ingresaron de manera irregular más de 46 millones de litros de combustibles que fueron desviados hacia Quintana Roo, equivalentes a un valor de mercado superior a 900 millones de pesos.
Estas compañías se agrupan en diferentes categorías: importadoras, comercializadoras, transportistas, gasolineras y factureras.
Además, la lista incluye personas físicas como Juan Manuel Muñoz Luévano, conocido como “El Mono Muñoz”; Karina Melissa Guerrero Rodríguez; Leonel Guadalupe Jiménez Pérez; Miguel A. Lazalde; Marissa del Carmen Meras López; Luis Javier Muñoz Ayup; y Gerardo Garza Melo.
Los delitos detectados
Las irregularidades detectadas incluyen: pedimentos de importación clonados para dar apariencia de legalidad a los cargamentos; descargas sin documentación en terminales marítimas, particularmente en Veracruz y Lázaro Cárdenas, desde donde se redistribuyó a otros puertos, incluido Cancún; transporte por carretera sin permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), lo que permitió que el combustible llegara a gasolineras locales sin supervisión; facturas incongruentes con los registros oficiales de importación; y venta de gasolina y diésel adulterados a precios por debajo del mercado, con riesgo para consumidores y motores.
Un sistema con protección oficial
El expediente detalla que el contrabando operaba mediante dos esquemas principales.
El primero consistía en comprar combustible en Estados Unidos, falsificar pedimentos de importación y venderlo en México a menor precio.
En tanto que el segundo se dio en el puerto de Veracruz, donde embarcaciones descargaban hidrocarburos sin acreditar su origen legal y, en caso de no completar la operación, regresaban a mar abierto para repetir el proceso con nuevos documentos falsos.
La investigación documentó 101 números telefónicos asociados a empresarios, transportistas y servidores públicos, además de 13 mil 273 registros de comunicación entre julio de 2023 y junio de 2025, vinculados con cuatro aduanas estratégicas.
En el caso del vicealmirante Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda, los investigadores establecieron nexos directos con personal de aduanas y elementos navales, lo que permitió el paso constante de combustible sin ser detectado.