El abuso sexual infantil continúa siendo una de las violencias más graves y persistentes en Quintana Roo, señalaron ciudadanas y ciudadanos, así como colectivos feministas y defensores de derechos humanos.
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Datos de instancias de seguridad y procuración de justicia indican que hasta el cierre del 2025 se iniciaron más de 900 carpetas de investigación por violación y abuso sexual contra menores, con una incidencia concentrada en los municipios Benito Juárez, Playa del Carmen y Othón P. Blanco, refirió Fernando Escobar Ayala, investigador de la UNAM con trabajo en sociología de las violencias y seguridad pública.
Explicó que, de ese total, alrededor de 420 denuncias derivaron en órdenes de detención, poco más de 300 personas fueron vinculadas a proceso y menos de 120 casos concluyeron con sentencia condenatoria, lo que refleja una brecha significativa entre la denuncia y la justicia efectiva.
Casos recientes como el de José Lehi Sánchez López, condenado a 30 años de prisión por la violación de su nieta, y el de Henrry Hernández Gómez, sentenciado a la misma pena por agresión sexual contra una menor, son citados por especialistas como ejemplos de avances judiciales que, sin embargo, siguen siendo excepciones en un universo de procesos que tardan años en resolverse o no tienen conclusión para hacer justicia a las víctimas.
María N., tía de una menor víctima en Cancún, relató que su familia enfrentó más de un año de retrasos. “Mi sobrina tuvo que repetir su testimonio varias veces porque no había un especialista infantil disponible. Cada audiencia fue una nueva herida, una constante revictimización”, dijo.
En Playa del Carmen, Roberto “N”, padre de una niña de nueve años, señaló que el principal obstáculo fue la falta de peritos y personal de la Fiscalía y de los Juzgados capacitados. “El juez pidió evaluaciones psicológicas que tardaron meses en llegar. Mientras tanto, el agresor seguía en libertad”, dijo.
La terapeuta infantil Pilar Flores advirtió que el abuso sexual infantil es una violación grave de derechos humanos con impactos físicos, psicológicos y emocionales de largo plazo.
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Citó un estudio de la Universidad Vizcaya de las Américas, campus Chetumal, que identificó como factores de riesgo predominantes la negligencia parental, la violencia intrafamiliar, la pobreza, el uso de tecnologías sin supervisión y la falta de programas preventivos.
El principal reto, coinciden especialistas y familias, es la escasez de personal especializado para interpretar y presentar adecuadamente los casos de menores ante un juez, así como la falta de perspectiva de defender la integridad de los menores, lo que provoca demoras, desconfianza en las instituciones y, en muchos casos, el abandono de los procesos.
“En un estado con alta movilidad poblacional y turismo, la urgencia es clara: sin capacidad técnica suficiente, las cifras seguirán creciendo más rápido que las sentencias”, reiteró la maestra Arizbeth Marlen Bernal Mendoza, en su estudio para la Universidad Vizcaya de las Américas.