En Quintana Roo, las denuncias por abuso sexual y violación, incluidos delitos contra menores, siguen al alza, de acuerdo con cifras oficiales y análisis de organizaciones civiles.
En el 2025 se registraron 482 denuncias por violación y 739 por abuso sexual, lo que representa un aumento del 17% respecto al 2024.
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Cancún, Playa del Carmen y Othón P. Blanco concentran más del 60% de los casos, lo que ha encendido alertas por la brecha entre denuncias presentadas, detenciones y sentencias efectivas.
Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abiertas más de mil 100 carpetas de investigación por delitos sexuales, una minoría avanza hasta la vinculación a proceso o condena, evidenciando una baja judicialización y procedimientos prolongados.
Analistas y colectivos ciudadanos estiman que menos del 15% de las investigaciones concluyen con sentencia condenatoria, debido a deficiencias estructurales, escasez de peritos especializados y sobrecarga laboral.
Un caso que generó fuerte indignación social fue el presunto abuso de una niña de nueve años en Cozumel, ocurrido en agosto del 2025. Aunque un militar fue vinculado a proceso y permanece en prisión preventiva, colectivos denunciaron investigaciones incompletas y revictimización de la familia.
Pese a que en el 2025 se dictaron sentencias ejemplares, como la condena de 108 años y seis meses de prisión contra una pareja en Chetumal, por abuso y violación continuados de una menor, estas resoluciones son una excepción.
Para el 2026, el presupuesto estatal de la FGE fue ampliado a cerca de 2 mil 500 millones de pesos con el objetivo de fortalecer infraestructura, tecnología y personal; sin embargo, la abogada Rosalinda Campos advirtió que el desglose por áreas especializadas no siempre es transparente.
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Señaló que la mayor parte se destina a nómina y gastos operativos, mientras que la investigación forense recibe recursos limitados. Incluso, agentes ministeriales han denunciado carecer de insumos básicos para realizar diligencias.
Expertos coincidieron en que la falta de fiscales y peritos especializados en delitos sexuales contra menores retrasa la obtención de pruebas y peritajes psicológicos y médicos. A ello se suma la acumulación de expedientes, la escasa coordinación interinstitucional y la revictimización de las víctimas, quienes enfrentan demoras en medidas de protección.
Aunque en el estado se aplica el Código Penal local, leyes federales y protocolos nacionales, persiste una brecha entre el aumento de denuncias y el acceso a una justicia efectiva. Sin un enfoque integral centrado en la víctima y mayores recursos humanos y técnicos, advierten especialistas, la impunidad continuará.