Como parte del trabajo que viene realizando la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo (Ageproo) durante los primeros tres años de la actual administración estatal, la dependencia ha logrado recuperar 300 hectáreas de predios que pertenecen al estado de Quintana Roo, los cuales habían sido vendidos a precios muy bajos a terceras personas, presuntamente, por quienes en su momento habrían fungido como funcionarios públicos.
Se trata de un hecho sucedido en durante el sexenio del exgobernador Roberto Borge Angulo, quien estuvo al frente de la administración estatal de 2011 a 2016, siendo este periodo cuando las ventas irregulares de predios que pertenecen al estado de Quintana Roo se gestaron, mismos que se encuentran tasados en más de mil millones de pesos, pero que, afortunadamente, han podido recuperarse tras arduo trabajo de investigación interna y la revisión exhaustiva del padrón de bienes de la entidad; según dio a conocer Carlos Flores Hidalgo, titular de la Ageproo.
Asimismo, Flores Hidalgo señaló que se trató de un abuso desmedido por parte de quienes llevaron a cabo la venta de los predios, toda vez que se valieron de la falta de lineamientos para venta y puesta a disposición de los predios para hacerlo a su manera y en su beneficio; no obstante, aseguró que se cuenta con las denuncias correspondientes, que van desde las interpuestas en la Fiscalía General del Estado (FGE), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.
En ese sentido, aunque prefirió no dar nombres de los presuntos involucrados para no entorpecer las investigaciones sobre el caso, indicó que hay, al menos, seis exfuncionarios del periodo borgista que se encuentran en la mira de las autoridades, así como allegados de estos que se encuentran incluidos en las carpetas de investigación correspondientes.
Finalmente, el titular de la Ageproo explicó que los predios recuperados pertenecen a los municipios de Othón P. Blanco y Playa del Carmen, que actualmente se han puesto a disposición para la creación de obras en materia de salud y de seguridad de los ciudadanos.