La construcción de la casa de retiro militar que desarrolla la SEDENA a orillas de la laguna de Bacalar ha permanecido detenida por 48 horas, aunque ambientalistas celebran esto como el preludio de una suspensión, las autoridades no han emitido ninguna declaración oficial al respecto.
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Aunque la titular de la Secretaría de Gobierno, Cristina Torres, aseguró luego de una reunión interinstitucional realizada en Bacalar, que la SEDENA contaba con todos los permisos y la obra iba a ser completada, bacalarenses y activistas locales han señalado que desde el pasado martes no se ha visto actividad de obreros o maquinaria en el predio.
Y es que después de la mesa de diálogo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) fueron señaladas por los representantes de las organizaciones civiles participantes, al no presentar un informe detallado que justifique los trabajos que se hicieron, los cuales, explicaron tuvieron un daño real a la laguna y el Fuerte de San Felipe que se encuentra enfrente de las obras.
Aunque entre los ambientalistas existe la sospecha de que la obra se suspendió porque en realidad dichos permisos no existen, las autoridades no se han pronunciado al respecto.
En tanto, las organizaciones civiles han aprovechado esta pausa para mantener con fuerza el movimiento para detener de manera definitiva la construcción y exigir que se repare el daño hecho por el uso de maquinaria pesada para realizar dragado y relleno en la zona.
Este jueves, el Consejo Ciudadano local convocó a una reunión informativa a un costado del Fuerte, donde continuarán recabando firmas para un documento que entregarán a la Semarnat, INAH y con copia para la presidenta Claudia Sheinbaum, por medio del cual solicitarán los argumentos a estas dependencias sobre la exención que otorgaron a la Sedena. Un oficio que ya ha sido respaldado por más de 5 mil personas.
Principalmente, porque consideran que el argumento de “seguridad nacional”, está sirviendo como una acción para evitar proveer información y ser transparente con la ciudadanía sobre un tema de gran relevancia social y ambiental. Y es que señalaron que durante la mesa de trabajo, los permisos no se dieron a conocer al ser un proyecto militar.
Por ello, continuarán en busca de que se aclaren los detalles sobre por qué la obra fue autorizada y por qué se permitió el daño evidente en la laguna.
