
Más de una decena de empleados del Ayuntamiento de Playa del Carmen, algunos con hasta 10 años de antigüedad, fueron despedidos por el Gobierno municipal bajo el argumento de cambios en el aparato burocrático, afirmaron afectados.
Los asalariados, quienes omitieron dar sus nombres por temor a represalias, comentaron que los “agarraron desprevenidos” con las bajas.
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“El Gobierno se quedó sin dinero. Ahora, con el pretexto de reestructurar el Gabinete despide a los trabajadores. No avisaron. Impactó emocionalmente la noticia”, reveló un trabajador que pidió mantenerse en el anonimato.
Otros afectados señalaron que confiaron en Estefanía Mercado desde su campaña electoral, al afirmar que buscaba llegar a la Presidencia municipal para mejorar las condiciones de la sociedad, incluyendo a los trabajadores. “Le dimos el voto de confianza, pero nos equivocamos”, expresaron.
En la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana, a cargo de Deyanira Martínez Estrada, gente cercana de la exalcaldesa de Laura Beristáin Navarrete comentó que “no nos anticiparon, fueron tajantes al despedirnos y no nos pagaron la quincena trabajada”.
Sin embargo, afirmaron que extrañamente a familiares y amigos cercanos a la funcionaria mencionada, no los despidieron.
Para el ciudadano Moisés Aguilar Mendoza, la Alcaldesa ha despilfarrado el dinero en artistas de baja popularidad para complacer a sus seguidores en distintos eventos, además de que ha gastado los impuestos en el programa social “Playa Llena, Corazón Contento”, que no ayuda a la gente a salir de la pobreza.
Indicó que el Gobierno demuestra incapacidad para administrar, lo cual deteriora el rostro de Playa del Carmen. “No hay turismo porque no le dieron importancia al sargazo y seguridad. No es de extrañarse que se quedó sin dinero y como salida recorta a sus colaboradores”, agregó.
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Roberto Pérez Morales, residente, opinó que el despido de personal era de esperarse, pues no tienen dinero ni para obras públicas. Como ejemplo citó la pavimentación de la avenida Jacinto Pat, entre el fraccionamiento Villamar I y la Secretaría de Servicios Públicos, que lleva más de siete meses y aún no concluye.
Opinó que los Gobiernos tienen un presupuesto anual para obras, servicios y nómina, el cual no se debe tocar porque está etiquetado.
Consideró que se espera que la autoridad aumente el cobro del predial, porque vienen las campañas electorales y requiere recursos.