El colectivo de mujeres de Playa del Carmen “Siempre Unidas” entregaron al gobierno municipal un pliego petitorio y dan de prórroga 15 días para su revisión, en la que exigen acciones reales para prevenir la violencia contra las mujeres, adolescentes y niños, sin embargo, las autoridades se comprometieron a reunirse este miércoles para la revisión de las peticiones.
Asimismo, piden al gobierno municipal aclarar del porqué premió a la exdirectora del Instituto de la Mujer, Bárbara Delgado, con otro cargo, y que aclare cuál es el salario que está percibiendo.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Adolescentes y las Niñas, el colectivo de mujeres pide a la gobernadora de Quintana Roo, a la Secretaría de Gobierno y a la presidenta municipal de Playa del Carmen acciones reales y verificables que garanticen el derecho a vivir sin violencia y sin discriminación.
Explican que existe una problemática profunda, sostenida y agravada por omisiones institucionales, falta de protocolos y poca voluntad política para cumplir con las obligaciones en derechos humanos, igualdad y prevención de la violencia.
Relatan que la situación en Quintana Roo, los feminicidios siguen siendo alarmantes, las cifras parecen disminuir, pero la violencia no baja, por el contrario, las desapariciones de mujeres y niñas aumentan, lo que revela una violencia que se oculta y se desplaza, muchas veces ligada a trata de personas e impunidad.
Playa del Carmen es un municipio en riesgo, la situación es especialmente grave, de 47 feminicidios registrados en 2024 en el estado, 13 ocurrieron en esta ciudad. Esto representa una tasa de 8.57% feminicidios por cada 100 mil mujeres, una de las más altas del país.
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El documento que entregaron describe que esta cifra desproporcionada para el tamaño de la población muestra la ineficiencia de las políticas públicas municipales para proteger a mujeres y niñas.
En Playa del Carmen las desapariciones continúan creciendo, en el año 2022 fueron 21 mujeres, adolescentes y niñas que siguen desaparecidas, en el 2023 fueron 19 que siguen desaparecidas, en el 2024 se reportaron 36 que siguen desaparecidas, mientras que este 2025 se han reportado 17 casos registrados hasta agosto. Este aumento refleja fallas graves del gobierno municipal y estatal para garantizar seguridad, prevención, investigación y justicia.
Algunos puntos del pliego petitorio: Generar campañas permanentes, disuasivas, reeducativas, expansivas e integrales, encaminadas a la prevención de la violencia de género a nivel municipal y comunitario, con el fin de dar a conocer a la sociedad en general los derechos de las niñas y mujeres, primordialmente el derecho a una vida libre de violencia, así como los servicios institucionales.
Implementación de un programa de transporte público seguro de especializado y diseñado para mujeres con operadores capacitados, identificables y con tecnología que puedan ser monitoreados las 24 horas.
Emprender acciones inmediatas y exhaustivas para valorar, implementar y monitorear objetiva y diligentemente las órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia; particularmente, se brindará protección inmediata y pertinente en casos de violencia familiar. (Capacitar a policía municipal), contar con registro estatal y municipal de deudores alimenticios, agresores sexuales, agresores vicarios.
Integrar y actualizar el Banco Estatal de Datos e Información sobre Violencia contra las Mujeres, sin sesgos ni alteraciones que reduzcan artificialmente las cifras. Establecer e impulsar una cultura de no violencia contra las mujeres en el sector educativo público y privado.
Crear módulos de atención y reacción inmediata para mujeres en situación de riesgo en espacios seguros con iluminación (vigilancia las 24 horas) con especialistas que les puedan atender, orientar y canalizar de una manera adecuada sin revictimizar 24 -7.
Diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para la recuperación de espacios públicos y la prevención de la violencia mediante la implementación de medidas de seguridad especificas en zonas de riesgo o de alto índice de violencia contra las mujeres.
Además, exigen publicar y divulgar en medios de comunicación y lugares estratégicos la naturaleza y los alcances de la AVGM con información accesible e intercultural para la población, de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción V, y 26, fracción III, inciso d) de la Ley General de Acceso.
Adoptar criterios a nivel normativo para que las asignaciones presupuestales sobre políticas y programas se realicen con perspectiva de género.