Dos agentes activos de la Fiscalía General de la República (FGR), identificados como Álvaro Antonio “N” y Guadalupe “N”, fueron acusados de intentar extorsionar a una mujer, en Cozumel.
De acuerdo con el reporte, los funcionarios exigieron inicialmente 50 mil pesos en efectivo a cambio de detener una investigación en contra de su hijo, presuntamente relacionado con la venta de cigarros electrónicos. Los hechos ocurrieron cuando los agentes llegaron a un domicilio en la colonia Félix González Canto para entrevistarse con los familiares del joven investigado.
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Según el testimonio de la víctima, los agentes fueron directos, ya que advirtieron que el caso podía traer graves consecuencias legales y que el pago de 50 mil pesos serviría para “cerrar el asunto”.
Ante la negativa de la familia, que aseguró no poder reunir esa cantidad, los agentes redujeron la suma a 25 mil pesos y citaron a la madre del joven en el parque de la colonia Emiliano Zapata, donde le dieron un plazo de una hora para entregar el dinero.
La mujer acudió al sitio señalado, donde la esperaba un automóvil azul, tipo March, sin placas. Dos hombres descendieron y le pidieron que caminara hacia un OXXO cercano para concretar la entrega. Sin embargo, lo que los agentes no previeron fue que la policía estatal había sido alertada. Elementos de Seguridad arribaron al lugar justo cuando se iba a efectuar la transacción, provocando que el conductor del vehículo huyera del sitio.
La madre del joven, visiblemente nerviosa, incluso intentó entregar a los policías los 25 mil pesos que llevaba consigo, con la esperanza de terminar con la amenaza en contra de su hijo.
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Al no consumarse la extorsión, los dos agentes implicados decidieron retirarse caminando rumbo a la avenida 65, mientras que el tercer acompañante desapareció con el automóvil. Los policías estatales solicitaron a los presuntos extorsionadores que se identificaran y dieron aviso a la FGR para confirmar su adscripción.
Fuentes internas de la institución confirmaron que se trata de agentes activos y adelantaron que se iniciará una investigación interna en sus sedes de Playa del Carmen o Cancún, a fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.
Este caso ha generado indignación entre la ciudadanía, ya que, aseguró, exhibe una vez más los riesgos de corrupción dentro de las instituciones encargadas de procurar justicia. La familia afectada, dijo que el episodio dejó una profunda huella de miedo y desconfianza, al ser víctimas de quienes deberían brindar protección y certeza legal.
