La violencia de género continúa en aumento en Quintana Roo, entidad que actualmente se ubica en el tercer lugar nacional en casos de violencia familiar, con un incremento del 200 por ciento en los últimos tres años, informó Diana Miramontes, fundadora del colectivo feminista Malinches Ingobernables Quintana Roo.
En entrevista, la activista detalló que, tan solo en Cancún, la línea de emergencias 911 ha recibido 4 mil 272 llamadas por violencia familiar en lo que va del año.
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A estas cifras se suman los 16 feminicidios registrados por autoridades locales durante 2025 y otras 42 muertes de mujeres clasificadas como “homicidios dolosos”, lo cual —denunció— se hace para reducir la cifra oficial de feminicidios
“En Quintana Roo también tenemos mil 200 fichas de búsqueda activas por mujeres adultas o menores de edad desaparecidas”, añadió.
De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en lo que va del año, 272 mujeres han sido hospitalizadas por violencia intrafamiliar en la entidad. También se reportaron 14 hombres víctimas de este delito. Estas cifras colocan a Quintana Roo como el estado con mayor incidencia en la Península de Yucatán y reflejan un marcado repunte respecto al año anterior.
La activista señaló que la mayoría de las víctimas no presentan denuncias formales, principalmente por la falta de confianza en las autoridades y la revictimización institucional.
Miramontes cuestionó los informes oficiales que reportan una supuesta disminución delictiva. Dijo haber escuchado “con escepticismo” al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, durante su participación en la conferencia denominada La mañanera del pueblo, realizada el pasado 15 de agosto en Chetumal, donde se presentaron “cifras alegres” sobre reducción de la delincuencia.
“Creo que todos los ciudadanos que escuchamos eso estamos en desacuerdo, pues nuestra realidad es otra. No sé de dónde saca sus datos, porque nosotras llevamos una cuenta muy detallada de todos los casos y hemos visto un incremento en la violencia de género”, afirmó.
Consideró que las autoridades deben ir más allá de tomarse fotos o repartir abrazos, y asignar recursos para capacitar al personal del Ministerio Público y fortalecer los Geavig. Señaló que es común que, tras una llamada al 911, la policía no llegue o lo haga con horas de retraso.
“Cuando llegan, ya la víctima fue asesinada —como ocurrió en la Supermanzana 41— o el agresor huyó. Incluso, cuando hay un detenido, integran mal los expedientes y lo liberan a las 48 horas, ahora con sed de venganza”, advirtió.
Aseguró que “no es solo ponerse una camiseta morada”, sino cumplir y hacer cumplir la ley.
“Firman protocolos que no implementan; crean más dependencias, pero colocan a personas recomendadas, sin preparación, que revictimizan y no contradicen a sus superiores”, denunció. Además, advirtió que existen factores sociales que contribuyen a la problemática, como los largos tiempos de traslado laboral, la insuficiencia de guarderías, el aumento de la delincuencia juvenil y la perpetuación de los ciclos de violencia.
También alertó sobre el incremento en la desaparición de adolescentes, tanto en la zona norte como en el sur del estado, fenómeno que antes no se presentaba con la misma frecuencia.
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“Así venga la presidenta o el secretario de Seguridad Ciudadana, la situación sigue sin cambios y las mujeres continúan siendo violentadas”, expresó.
Afirmó que no solo las mujeres adultas están en riesgo: la falta de cifras oficiales impide dimensionar el impacto en niñas, niños y personas mayores, sectores que permanecen invisibilizados en el discurso público.
Miramontes insistió en que Quintana Roo atraviesa una crisis silenciosa pero creciente, marcada por el aumento de la violencia familiar y los feminicidios, con brechas significativas entre los datos oficiales y la realidad.
“Los grupos más vulnerables —niñas, niños y personas mayores— siguen sin ser reconocidos en el discurso institucional. A pesar de las alertas de colectivos y víctimas, no hay cifras oficiales desagregadas, procesos judiciales claros ni políticas públicas efectivas adaptadas a esta realidad”, puntualizó.