El sector de la vivienda en Yucatán cierra 2025 con señales claras de recuperación y transformación, especialmente en la demanda de casas de nivel económico —un segmento que ha cobrado fuerza tras meses de ventas lentas y menor dinamismo en la vivienda nueva.
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Así lo señaló la Canadevi estatal, cuyos líderes reportan que a mediados de año comenzaron a observar un repunte sostenido, impulsado en buena parte por los nuevos esquemas de crédito del Infonavit.
Según explicó su presidente estatal, Mauricio Morales Greene, los ajustes realizados por Infonavit a inicios del segundo semestre facilitaron que más trabajadores calificaran para un financiamiento. Esa flexibilización permitió que familias de ingresos modestos accedieran a viviendas cuyo valor se sitúa entre 800 mil y 1.5 millones de pesos, un rango que hoy domina el mercado local.
Gracias a ello, la colocación de viviendas comenzó a reflejar una recuperación: de acuerdo con la Canadevi, hasta agosto ya se habían vendido cerca de 4,977 casas en Yucatán, de las cuales aproximadamente la mitad correspondieron a Mérida.
Un 2025 difícil, pero con giro a la reactivación
El primer semestre del año no fue sencillo para los desarrolladores: las ventas disminuyeron, la vivienda nueva mostró menor dinamismo, y muchas familias frenaron sus planes de compra. Pero a partir de julio se observó un cambio: la combinación entre ajustes en los créditos, la reapertura de opciones y la persistente demanda de vivienda media y popular alentaron un repunte visible.
Según Canadevi, al 3 de agosto ya habían colocado 2,899 viviendas en Mérida, lo que representaba un avance del 44 % de su meta anual. Ese desempeño, si se mantiene, permitiría cerrar el año con cerca de 6,500 viviendas vendidas, un nivel similar al de 2024, aunque con un perfil diferente: menos casas residenciales plus y más viviendas accesibles para familias de ingresos medios y bajos.
El nuevo rostro de la demanda
En esta nueva etapa del mercado, la vivienda media y tradicional –con precios que van desde poco más de 550 mil hasta alrededor de 1.5 millones de pesos– domina las ventas.
Este giro responde no sólo a preferencias del comprador, sino también a una nueva política pública: el Programa Vivienda para el Bienestar (PVB), impulsado por el gobierno federal en coordinación con entidades locales. En Yucatán, este programa ya comenzó a materializarse: se han puesto la primera piedra de los primeros desarrollos en municipios como Tekax, y se proyecta construir decenas de miles de viviendas.
Este esfuerzo se complementa con viviendas de 60 m² pensadas para hogares con ingresos bajos, con todos los servicios básicos garantizados y estándares adecuados de construcción.
Un mercado que mueve
Para Yucatán, la vivienda no es sólo un bien social: es un motor económico. Las estimaciones de la Canadevi indican que, de concretarse la meta anual, la derrama económica derivada de la construcción y venta de casas superará los 9,500 millones de pesos, lo que representaría cerca del 11.3 % del PIB estatal. Esa proporción duplica la media nacional de la industria de la vivienda.
El repunte en la colocación de viviendas, junto con el empuje de programas sociales, confirma que la vivienda sigue siendo –para muchas familias– la principal vía para asegurar patrimonio, estabilidad y calidad de vida.
Inclusión y descentralización
El Programa Vivienda para el Bienestar, así como los ajustes de Infonavit, han abierto la puerta a quienes tradicionalmente quedaban excluidos del mercado formal: familias de ingresos bajos, trabajadores sin prestaciones, jóvenes, pensionados y personas con salarios modestos.
Para lo que resta de 2025 y en 2026, se prevé que miles de hogares yucatecos podrán acceder a vivienda nueva en fraccionamientos con servicios básicos, terrenos adecuados y diseños funcionales. Municipios como Umán, Kanasín, Progreso, Tekax, Ticul y Mérida ya muestran desarrollo de nuevos fraccionamientos, una señal de que la política habitacional estatal y federal busca descentralizar la vivienda e incluir a sectores vulnerables.
Desafíos a corto plazo
Pese al impulso, el contexto nacional e internacional impone riesgos para 2026. El costo de los materiales de construcción sigue al alza, la inflación global permanece volátil, y los efectos de medidas arancelarias en Estados Unidos podrían incidir en la economía local.
Desarrolladores advierten un posible ajuste de precios entre 5 y 7 % para el próximo año, lo que podría complicar la meta de viviendas accesibles manteniendo calidad y asequibilidad. En ese escenario, la continuidad de los esquemas de financiamiento y los apoyos públicos serán determinantes.
Sector privado, gobierno y sociedad coordinados
El impulso actual no sería viable sin la coordinación entre desarrolladores inmobiliarios, autoridades estatales, municipios y gobierno federal. En Yucatán, esa colaboración se ha reflejado en la gestión de permisos, facilidades de trámite, donación de terrenos e incentivos para proyectos del Programa Vivienda para el Bienestar.
Para muchos analistas locales, este enfoque representa una respuesta concreta a la “deuda histórica” en materia de vivienda digna: un esfuerzo por consolidar un mercado más justo, accesible y adaptado a la realidad socioeconómica de gran parte de la población.
JGH