Yucatán refuerza su reputación como uno de los estados con menor corrupción en México, al mantenerse –por segundo año consecutivo– entre las entidades con menos investigaciones abiertas contra servidores públicos y con una de las tasas más bajas de sanciones administrativas.
En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, este 9 de diciembre, los nuevos datos del Inegi confirman una tendencia que se ha sostenido durante más de una década: el estado ha logrado contener el avance de este fenómeno y preservar una estabilidad institucional rara en el contexto nacional.
De acuerdo con la información actualizada, Yucatán registró en 2024 una tasa de 3.4 investigaciones iniciadas por cada mil servidores públicos, lo que lo coloca como el segundo estado del país con mejor desempeño. Esta cifra no sólo refuerza la percepción de orden administrativo, sino que también lo diferencia con claridad del resto de la Península, donde Campeche y Quintana Roo enfrentan escenarios mucho más complejos.
En Campeche, la tasa asciende a 53.5, mientras que Quintana Roo encabeza la lista nacional con 176.7 investigaciones, un contraste que subraya la estabilidad institucional yucateca.
El comportamiento se repite en el rubro de sanciones administrativas. Yucatán se mantiene entre las diez entidades con menos casos, al reportar 2.2 sanciones por cada 10 mil personas servidoras públicas, superando incluso a estados del Bajío, reconocidos tradicionalmente por su disciplina gubernamental, como Guanajuato y San Luis Potosí.
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En la región peninsular, la distancia vuelve a ser notable: Campeche registra 81 sanciones, mientras que Quintana Roo alcanza 6.8.
La década estable
Aunque México ha experimentado altibajos en la prevalencia de corrupción, Yucatán ha logrado sostener una línea de estabilidad desde 2015. Según series anteriores del Inegi, la prevalencia estatal se ha mantenido cercana al 11%–11.4%, muy por debajo de las oscilaciones observadas en otras partes del país.
Más importante aún: nueve de cada diez yucatecos que hicieron un trámite en 2024 no reportaron experiencias de corrupción. Este indicador es clave para entender por qué el estado se ha convertido en un imán para inversión, migración interna y proyectos de desarrollo.
En contraste, en el panorama nacional, 8.9% de los ciudadanos que realizaron trámites el primer semestre de 2025 fueron víctimas de actos de corrupción, mientras que 45.2% de quienes tuvieron contacto con alguna autoridad de seguridad pública también los reportaron.
Los actos más comunes se relacionan con trámites de propiedad, permisos municipales y, en menor medida, extorsiones, tráfico de influencias o nepotismo.
Una ventaja competitiva
Analistas consultados destacan que la estabilidad no es un dato menor: en un país donde la corrupción se percibe como uno de los principales obstáculos para el desarrollo, que un estado mantenga cifras bajas durante más de una década genera un entorno propicio para la inversión, el turismo y la confianza ciudadana.
Además, la contención del fenómeno abre una ventana para que el gobierno estatal impulse una agenda más ambiciosa: digitalización total de trámites, sistemas de denuncia más accesibles, profesionalización de mandos medios y nuevos mecanismos de transparencia.
Con una base institucional sólida, cada mejora tiene un efecto más visible y directo en la percepción pública.
Confianza como política pública
Especialistas coinciden en que uno de los “activos invisibles” de Yucatán es precisamente la confianza institucional, un valor que se construye lentamente y que puede perderse con rapidez. Por ello, sostener y fortalecer los niveles actuales es crucial, especialmente ante un crecimiento demográfico acelerado y una expansión económica sin precedentes en el estado.
En un contexto donde México discute reformas, fiscalizaciones y nuevas estrategias anticorrupción, Yucatán aparece como un caso que demuestra que la estabilidad institucional sí es posible y que los esfuerzos continuos —aunque discretos— pueden traducirse en indicadores sostenidamente positivos.
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Una tendencia en aumento
Sin embargo, este panorama tiene una sombra. Una revisión longitudinal del historial de corrupción en Yucatán evidencia que el problema no es estático, sino creciente. Según la encuesta bienal de calidad gubernamental del Inegi (Encig), la prevalencia de corrupción –medida como la proporción de personas que durante sus interacciones con autoridades han sido víctimas– pasó de 9.6 por cada 100 mil habitantes en 2013 a 11.4 por cada 100 mil en 2023.
La evolución no ha sido lineal: hubo picos relevantes en 2015 y 2019, con cifras de hasta 13.6 y 13.3 por cada 100 mil, respectivamente. Aunque en 2021 se observó una ligera reducción, el alza general permanece.
Esto indica que, aún en un contexto de menor incidencia institucional, la corrupción persiste como una práctica extendida en las interacciones cotidianas con el gobierno estatal y municipal.
La paradoja de la percepción
Entre 2021 y 2023, para Yucatán, la tasa de población adulta que reportó al menos un acto de corrupción en trámites públicos se ha mantenido relativamente baja comparada con otras entidades.
Sin embargo, la percepción ciudadana contradice en parte estos datos. Un reportaje reciente advierte que 71% de los yucatecos considera que la corrupción ocurre con frecuencia.
Esta dualidad evidencia una tensión: aunque la estructura estatal parece manejar controles disciplinarios, una parte significativa de la población sigue percibiendo –o viviendo– prácticas corruptas, especialmente en trámites locales, servicios municipales y atención de seguridad pública.
La “cifra negra” y la falta de denuncias
Un factor clave que obstaculiza un diagnóstico más claro es la llamada cifra negra de la corrupción: según datos nacionales, solo una minoría de los afectados denuncia formalmente.
Por ello, aunque los números oficiales muestran tasas bajas de sanciones y procesos administrativos, estos no alcanzan a reflejar la extensión real del problema, sobre todo cuando se trata de extorsión, sobornos para servicios municipales, trámites de permisos, regularización de predios, entre otros.
Yucatán tiene ventajas: buenos indicadores relativos, más infraestructura institucional que muchos estados del país, y una población que, en su mayoría, califica los trámites como satisfactorios.
Pero también tiene hoy una deuda pendiente: ponerle los datos reales a ese 71% de personas que aún perciben corrupción frecuente, y transformar esas percepciones en acciones.