El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TJAE) entró en la fase final del análisis de un conjunto de expedientes relacionados con presuntas irregularidades cometidas por funcionarios públicos en ejercicios recientes, un proceso que podría derivar en las primeras sentencias condenatorias en los próximos meses.
De acuerdo con el magistrado presidente, Rafael Rodríguez Méndez, actualmente se encuentran en revisión alrededor de 15 casos turnados por la Auditoría Superior del Estado y por contralorías municipales, principalmente de los ejercicios 2021 y 2022, que incluyen posibles faltas como abuso de funciones, uso indebido de recursos públicos y presuntos desvíos.
Rodríguez Méndez precisó que el tribunal sólo puede sancionar con base en los hallazgos documentados por los órganos fiscalizadores. Cuando los expedientes llegan con investigaciones incompletas, son devueltos para su integración, lo que puede retrasar la emisión de sentencias.
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Primeras resoluciones
Aun así, el magistrado estimó que “varios de estos asuntos deberán resolverse el próximo año”, pues la ley establece un plazo cercano a nueve meses para dictar resolución, y los expedientes todavía se encuentran dentro del periodo legal.
Además de los casos en etapa final, en 2024 ingresaron tres expedientes nuevos, los cuales permanecen en fase de pruebas y alegatos, por lo que aún no están listos para resolución.
Aunque la mayoría de las conductas detectadas corresponden a omisiones derivadas del desconocimiento de la ley, el magistrado recordó que esta condición no exime a los servidores públicos de sus responsabilidades.
En este punto, subrayó la necesidad de fortalecer la formación de alcaldes, síndicos, contralores y personal jurídico para prevenir errores administrativos que puedan escalar a faltas sancionables.
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Las sanciones que puede imponer el TJAE van desde multas económicas hasta inhabilitaciones de hasta 10 años y suspensiones del cargo, mientras que cualquier probable responsabilidad penal corresponde únicamente a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Aunque hasta ahora no se ha emitido ninguna sentencia condenatoria derivada de los expedientes recientes, Rodríguez Méndez anticipó que las primeras resoluciones podrían dictarse en el primer semestre de 2025, conforme avancen los tiempos procesales.
“Seguramente el próximo año habrá casos que estemos analizando y resolviendo con estricto apego a la legalidad”, afirmó.
