En un estado donde el agua no corre por ríos superficiales, donde el suelo kárstico es una red subterránea de cuevas y cenotes interconectados, la presencia de granjas porcícolas industriales ha encendido una alarma social y ambiental que no deja a nadie indiferente. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reconoce que esta actividad económica, crucial para la producción de carne de cerdo en México, ha dejado impactos ambientales significativos en el agua subterránea, el suelo y la calidad del aire cuando las unidades productivas no operan con manejo adecuado de residuos y sin los permisos correspondientes.
Este problema se ha manifestado con fuerza en comunidades mayas que han señalado desde hace años olor fétido, contaminación de pozos y daños a la salud, formando un mosaico de denuncias colectivas, sanciones administrativas y demandas sociales que ponen en el centro un dilema: ¿hasta dónde debe llegar el desarrollo productivo en una región que vive literalmente sobre su acuífero?
Inspecciones, irregularidades y respuestas
La procuradora Mariana Boy Tamborrell confirmó en entrevista que, entre 2022 y la fecha, la Profepa ha llevado a cabo 30 visitas de inspección a granjas denunciadas, muchas impulsadas por denuncias ciudadanas y comunitarias. En estos procedimientos recurrentemente se ha identificado la ausencia de autorización de impacto ambiental y de títulos de concesión para la descarga de aguas residuales, que en varios casos se vertieron sin tratamiento adecuado.
Las visitas han revelado que gran parte de estas unidades operan sin cumplir la legislación ambiental vigente, lo que agrava el riesgo para el acuífero –un recurso que, en Yucatán, es esencial para la vida humana, la agricultura y la ganadería, y que se encuentra altamente vulnerable por la permeabilidad del suelo kárstico.
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Tras años de expansión sin vigilancia, impondrán reglas claras a la industria porcícola en Yucatán
Como informamos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán (SDS) suscribieron un convenio que establece una coordinación inédita entre Federación y Estado para homologar la evaluación de impacto ambiental, compartir información técnica, realizar inspecciones conjuntas y cerrar la puerta a interpretaciones discrecionales.
La Secretaría de Desarrollo Sustentable podrá solicitar dictámenes técnicos vinculantes a la Semarnat, lo que elimina la posibilidad de autorizaciones a modo. Además, se creará un Comité Técnico de Seguimiento que sesionará de manera periódica hasta 2030. En el papel, el esquema promete rigor y continuidad. En la práctica, el reto será demostrar que esta vez sí habrá consecuencias reales para quienes incumplan.
El diagnóstico que puso el tema en la agenda pública
El punto de inflexión para la discusión pública sobre la industria porcícola en la entidad fue el Dictamen Diagnóstico Ambiental de la Actividad Porcícola en Yucatán, elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) e instituciones colaboradoras en 2023. En ese documento se identificaron 507 granjas en operación en 83 municipios del estado, muchas sin permisos completos o con sistemas de tratamiento insuficientes o inexistentes.
El diagnóstico destacó que los sistemas de tratamiento de aguas residuales –cuando existen– no cumplen con la Norma Oficial Mexicana en su versión más actual adaptada a suelos kársticos, lo que conlleva que excesos de fósforo, nitrógeno amoniacal y otros compuestos ligados a excretas animales se filtren hacia el agua subterránea y cenotes.
Semarnat también ha advertido que la industria porcícola no sólo afecta el agua, sino que también contamina el aire al liberar amoniaco y ácido sulfhídrico producto de la descomposición de excrementos y la dieta de los animales, compuestos que pueden tener efectos adversos en la salud de las poblaciones cercanas.
Agua, suelo y aire bajo presión
La toxina ambiental más alarmante es la contaminación del agua, en particular del sistema kárstico que nutre cenotes, pozos y fuentes de agua potable en Yucatán. Algunos estudios independientes y monitoreos ciudadanos han detectado coliformes fecales y E. coli en niveles superiores a los permitidos, así como materia fecal porcina en cercos de agua de uso humano en múltiples municipios, incluidos Kinchil, Kopomá y Chocholá, entre otros.
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Habitantes de Santa María Chí denuncian que, pese a la clausura definitiva, la granja porcícola sigue contaminando
Para muchas comunidades mayas estas evidencias no son estadísticas sino experiencias de vida cotidiana: “El agua ya no sabe igual, los pozos huelen a cerdos”, dijo una pobladora directamente afectada, señalando que el 60% de las granjas opera sin títulos de concesión o permisos de descarga, lo que ha permitido que las descargas fluyan sin control.
La contaminación subterránea no sólo implica riesgos de salud: también amenaza la biodiversidad de los cenotes, fuente de agua y espiritualidad para los pueblos originarios, y fractura la conexión ancestral entre las comunidades y sus recursos naturales.
Conflictos y clausuras: el caso de Santa María Chi
Entre los casos más visibles de confrontación entre autoridades y la industria porcícola está el de la granja ubicada en la comunidad maya de Santa María Chi, en Mérida. Tras reiterados incumplimientos a las medidas correctivas impuestas por Profepa –incluidas descargas ilegales de aguas residuales sin permiso– la empresa fue clausurada total y definitivamente en septiembre de 2025.
La resolución obliga al cierre de la unidad productiva y al retiro progresivo de los animales, con un calendario aprobado en el procedimiento administrativo estipulando como fecha límite abril de este año para completar la remoción de los cerdos. Profepa anunció visitas periódicas para supervisar este proceso y advirtió que cualquier incumplimiento derivará en nuevos procedimientos sancionatorios.
Este caso ha sido emblemático tanto para las autoridades ambientales como para las comunidades cercanas, que ven en la clausura un avance, aunque advierten que el camino hacia la reparación del daño ambiental y la justicia socioambiental aún es largo.
Coordinación institucional y vacíos normativos
Uno de los desafíos más señalados por Profepa ha sido la coordinación entre autoridades federales y estatales, pues durante años existieron confusiones sobre qué organismo debía evaluar y autorizar ciertos permisos de impacto ambiental, lo que facilitó la proliferación de instalaciones sin controles adecuados.
Profepa y el Gobierno de Yucatán trabajan actualmente en un convenio para definir una estrategia conjunta de vigilancia, control y cumplimiento normativo, que incluya un padrón actualizado de unidades productivas, criterios de sustentabilidad y acciones urgentes en municipios identificados con mayores riesgos ambientales.
Sin embargo, las organizaciones comunitarias insisten en que tales esfuerzos deben incluir consultas libres, previas e informadas, de acuerdo con los derechos de los pueblos originarios, y sanciones efectivas no sólo administrativas sino también penales contra empresas que dañan el entorno de manera persistente.
El impacto social y ambiental en primera persona
Mientras las autoridades discuten normativas y clausuras, las familias que viven alrededor de las granjas porcícolas relatan efectos palpables: desde pérdida de certificaciones agrícolas y de productos tradicionales hasta fenómenos de salud preocupantes. En algunas localidades, apicultores han señalado que sus colmenas han perdido certificación orgánica debido a la proximidad de granjas y los cambios en el paisaje ecológico.
Padres de familia han denunciado que los olores, los contaminantes en el agua y las partículas en el aire obligan a la compra de agua embotellada incluso para baño, mientras que la exposición constante a gases como amoniaco puede agravar afecciones respiratorias en niños y adultos mayores.
La contaminación del acuífero no sólo es una cuestión técnica: es también un conflicto sobre el derecho al agua limpia, al medio ambiente sano y a un desarrollo que no ponga en riesgo la salud y la cultura de los pueblos que habitan la Península de Yucatán.