En menos de dos semanas, Yucatán ha vivido tres episodios que colocan a la industria porcícola bajo la lupa: la clausura definitiva de la granja en Santa María Chi, el anuncio de un nuevo complejo de 24 mil cerdos en Tekantó y, ahora, la publicación en el Diario Oficial de la Federación de un Convenio Marco de Coordinación que busca frenar el daño ambiental de esta actividad.
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El documento, vigente hasta 2030, fue firmado entre instancias federales –Semarnat, Profepa, Conagua, INECC e IMTA– y el Gobierno de Yucatán. Su eje: proteger el acuífero peninsular y, en especial, el Anillo de Cenotes, declarado humedal de importancia internacional, hoy amenazado por descargas de aguas residuales sin tratamiento.
Lo que está en juego: el agua
Los firmantes reconocen por primera vez de manera oficial que las granjas, en particular las que carecen de controles, descargan contaminantes al subsuelo. En una península donde el agua se mueve subterránea y sin ríos superficiales, cualquier filtración se multiplica como veneno silencioso.
La falta de un Programa de Manejo del Anillo de Cenotes ha dejado vulnerable a esta reserva estratégica. Ahora se promete que será elaborado, junto con un censo detallado de todas las granjas, sus permisos, ubicación y sistemas de manejo de desechos.
Lo que dice el nuevo convenio
El acuerdo no se limita a reconocer el problema: plantea acciones específicas. Entre ellas, un Sistema de Información Interinstitucional actualizado anualmente, la creación de un Grupo de Seguimiento Ambiental con informes públicos y sanciones, y el desarrollo de proyectos piloto para el tratamiento de aguas residuales en municipios críticos como Conkal, Muna, Muxupip y Cacalchén.
También se habla de remediación de cuerpos de agua contaminados, monitoreo de calidad del agua subterránea y un esfuerzo por impulsar la transición hacia una “agroindustria limpia”.
El acuerdo reconoce lo que ambientalistas han denunciado: granjas que descargan aguas sin tratamiento y que ponen en riesgo el derecho a un medio ambiente sano y al acceso al agua.
Aunque los compromisos están firmados, hasta ahora no hay informes públicos de resultados concretos: ni clausuras derivadas del convenio ni datos de mejora en la calidad del agua. Su éxito depende de algo simple: que los compromisos no se queden en informes de escritorio y se traduzcan en clausuras efectivas, sanciones reales y agua limpia.
El traslado pendiente
Mientras tanto, los pobladores de Santa María Chi siguen en espera de que los cerdos de la clausurada granja se retiren definitivamente. La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) reconoció que los animales están siendo reubicados, aunque sin precisar cuántos ni hacia dónde. El temor en la comunidad es que terminen en la reserva de Cuxtal, donde se encuentra la planta de agua potable que abastece a Mérida.
“Lo que queremos es que se vayan ya”, reclama el comisario Wilberth Nahuat Puc. Para los vecinos, el capítulo no se cierra mientras el sitio no sea desmantelado y remediado el daño.
Tekantó, el otro frente
Al mismo tiempo, en Tekantó se discute la apertura del “Centro Porcícola Tixcochoh”, con capacidad para 24 mil cerdos en ocho naves. El proyecto ya ingresó su Manifestación de Impacto Ambiental, disponible para consulta ciudadana. La comunidad apenas empieza a organizarse, mientras organizaciones ambientales advierten que este modelo de expansión es insostenible.
Según datos oficiales, en 2023 existían 507 granjas en Yucatán; sin embargo, investigaciones independientes han identificado hasta 872 instalaciones, muchas de ellas sin registro formal.
Un círculo que no cierra
La clausura de Santa María Chi fue el resultado de una lucha comunitaria de dos años. La apertura en Tekantó podría derivar en otra resistencia prolongada. Y el convenio, aunque ambicioso en el papel, enfrenta el reto de pasar del discurso a la acción.
Mientras tanto, la contradicción se mantiene: granjas que se cierran por contaminación, otras que abren bajo trámites legales y un acuífero que recibe la carga de ambas.
La paradoja del crecimiento
Los datos oficiales son elocuentes. En 2023, la Semarnat reportaba 507 granjas porcinas en Yucatán. Sin embargo, la organización Mercy For Animals detectó 872 instalaciones gracias al uso de drones, es decir, 365 más que no aparecen en registros gubernamentales.
La magnitud del crecimiento explica las tensiones actuales. En municipios como Muna, Conkal y Cacalchén, la densidad es de dos cerdos por persona. Yucatán concentra alrededor de 1.6 millones de cerdos y más de 38 millones de aves de corral, colocándose en el tercer lugar a nivel nacional en producción.
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Este modelo, apuntan especialistas, rebasa la capacidad de regeneración de los ecosistemas locales. El resultado es un acuífero presionado, la pérdida de cultivos de milpa y la desaparición progresiva de la crianza tradicional en traspatio, que durante generaciones fue el sustento de familias mayas.
El tiempo dirá si el pacto 2025–2030 marca un verdadero punto de inflexión o si será un capítulo más en la larga historia de granjas que cierran en un sitio y abren en otro, mientras el acuífero se convierte en un botín silencioso.
JGH
