Ante la detección de presuntas irregularidades en cancelaciones e inscripciones de hipotecas vinculadas al Infonavit, el Gobierno del Estado activó una alerta preventiva dirigida al gremio notarial, con el objetivo de blindar la seguridad jurídica y patrimonial de las operaciones inmobiliarias que se realizan en la entidad.
El consejero jurídico del Gobierno estatal, Gaspar Alemañy Ortiz, explicó en entrevista con POR ESTO! que la emisión de la circular representa un posicionamiento firme de la actual administración para evitar que actos jurídicos sin sustento legal deriven en afectaciones al patrimonio de las familias yucatecas.
“La instrucción ha sido muy clara: no podemos permitir situaciones que pongan en riesgo la certeza jurídica de la ciudadanía. Nuestra obligación es garantizar que cada operación se realice con respaldo pleno”, subrayó.
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La alerta que detonó las irregularidades
De acuerdo con el funcionario, la alerta se originó a partir de oficios enviados por la Delegación Regional del Infonavit en Yucatán, en los que se notificó la detección de operaciones presuntamente irregulares relacionadas con cancelaciones de hipotecas sustentadas en supuestas cesiones de derechos que no aparecen en los registros oficiales del instituto.
Tras analizar la información con la Dirección General de Notarías y la Subconsejería de Servicios Legales, la Consejería Jurídica determinó emitir una comunicación formal a las notarías del estado.
El propósito, explicó Alemañy Ortiz, es que notarios y notarias cuenten con información oficial y de primera mano para extremar precauciones en trámites cotidianos como compraventas o cancelaciones de gravámenes, que de no revisarse con rigor documental podrían derivar en fraudes inmobiliarios, dobles operaciones, inscripciones indebidas o incluso la pérdida del patrimonio familiar.
La circular fue canalizada a través del Colegio de Notarios del Estado, presidido por Raúl Pino, con el fin de asegurar que la advertencia llegara de manera oportuna y uniforme a todas las notarías de Yucatán.
Blindaje preventivo
Como medida adicional, el documento contempla la suspensión de efectos registrales en aquellos actos vinculados con las empresas señaladas, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
“A partir de esta suspensión, ningún acto produce efectos frente a terceros. Se trata de un blindaje preventivo para proteger a quienes actúan de buena fe, en tanto se determina la legalidad de las operaciones”, puntualizó el consejero jurídico, quien aclaró que la medida no es sancionatoria ni prejuzga responsabilidades.
Como informó POR ESTO!, la advertencia fue emitida por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo luego de que el Infonavit detectara anomalías al revisar trámites ante su Subdirección de Cobranza Judicial, donde no se encontró sustento legal de cesiones que habrían servido para liberar gravámenes hipotecarios.
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Estas irregularidades fueron notificadas mediante oficios fechados el 12 de diciembre de 2025 y el 14 de enero de 2026, firmados por el delegado regional del instituto, Mauricio Sahuí Rivero.
En la documentación oficial se señala que las supuestas cesiones de derechos estarían relacionadas con las empresas Patrimonio, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, tanto en su modalidad regulada como no regulada, así como Grupo Desarrollador del Noroeste, S.A. de C.V.
Ante estos hallazgos, el Infonavit informó que ya se iniciaron acciones legales para suspender la inscripción de actos jurídicos derivados de dichas operaciones o, en su caso, asentar las anotaciones correspondientes en los registros públicos.